Colombia | El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reintegrar a María Luisa Hernández Lozano a su puesto como subdirectora de la cárcel La Esperanza de Guaduas. La decisión judicial establece que su destitución en 2020 fue una medida de represalia por las denuncias que había presentado sobre corrupción y acoso laboral dentro del penal.
El fallo del tribunal declaró nula la Resolución 004494 del 2 de octubre de 2020, que había declarado insubsistente a Hernández Lozano. El Tribunal determinó que hubo una desviación de poder en la decisión de apartarla de sus funciones.
Hernández Lozano ingresó al Inpec en 2013. En 2017, rindió una declaración jurada confidencial ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Corrupción de la Administración de Justicia, informando sobre irregularidades en la concesión de beneficios y libertades en el área jurídica del penal. Esta acción llevó a la captura del entonces director del establecimiento, el mayor Fabián Ríos Cortés, en junio de 2017, por su presunta vinculación en una red de corrupción.
Tras la captura del director, Hernández Lozano asumió la dirección encargada del centro penitenciario en dos periodos: inicialmente por 20 días y luego entre junio de 2018 y abril de 2020.
La situación para la subdirectora se complicó con la llegada del coronel Elmer Fernández Velasco como director del penal en abril de 2020. En ese momento, según el tribunal, comenzaron los desacuerdos y las restricciones para el ejercicio de sus funciones. Se le imponían labores que no eran de su competencia. Por maltrato verbal, Hernández Lozano presentó quejas contra el coronel Fernández ante la Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Equidad y la Mujer.
Las denuncias de acoso laboral fueron remitidas a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Inpec y al Comité de Convivencia Laboral, pero, según el fallo, estas dependencias no realizaron las investigaciones correspondientes ni ofrecieron garantías a la funcionaria. Las presiones resultaron en que Hernández Lozano desarrollara un trastorno mixto de ansiedad y depresión, por el cual requirió múltiples incapacidades médicas.
En medio de su estado de salud, el Inpec emitió la resolución de insubsistencia. Un mes después de su despido, se le notificó la apertura de una indagación disciplinaria por presunto incumplimiento de funciones, lo que el tribunal interpretó como una prueba de persecución.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca enfatizó que, aunque los cargos de libre nombramiento y remoción permiten el retiro de un servidor sin necesidad de motivar el acto, esta facultad no puede ser utilizada para castigar a quienes denuncian irregularidades. Los magistrados concluyeron que la salida de la subdirectora no se debió a razones de servicio, sino a un ánimo de retaliación por su colaboración en el desmantelamiento de la red de corrupción en la cárcel de Guaduas.
La decisión judicial anula el despido y ordena al Inpec reubicar a María Luisa Hernández Lozano en su mismo cargo o en uno de igual o superior jerarquía, garantizando el pago de los salarios y prestaciones sociales no percibidos desde su retiro.
Fuente: Infobae
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