Exiliadas nicaragüenses enfrentan barreras en el acceso a la salud en Costa Rica

Costa Rica | Exiliadas nicaragüenses, como Urania Castrillo Molina y Susana Marlei Cunningham (Mamá Tara), han denunciado dificultades para acceder a servicios de salud en Costa Rica, a pesar de que el sistema de salud del país se describe como universal. Estas barreras incluyen la falta de afiliación al Seguro Social, la xenofobia y, en el caso de Mamá Tara, la barrera del idioma miskito.

Urania Castrillo, quien fue voluntaria de la Cruz Roja en Nicaragua y se exilió en 2018 tras negarse a abandonar a manifestantes heridos durante la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfrenta un cáncer de mama desde hace más de dos años. Castrillo relató a Onda Local en febrero de 2026 que, en Costa Rica, ha experimentado rechazo por su nacionalidad, con comentarios xenófobos que la dejaban sin atención. Ella describe que, sin seguro y sin recursos, miles de refugiadas quedan fuera de consultas especializadas y tratamientos.

Por su parte, Susana Marlei Cunningham, conocida como Mamá Tara, una mujer indígena miskita exiliada y referente para familias miskitas en la comunidad de La Carpio en San José, también ha expresado las dificultades. Mamá Tara indicó a Onda Local que la mayoría de las mujeres miskitas no tienen acceso a la salud por falta de seguro médico y documentos. Describió un proceso institucional laberíntico, donde los hospitales remiten a los pacientes a EBAIS distantes, y la falta de dinero para el transporte agrava la situación. Además, la barrera del idioma miskito ha sido un impedimento para recibir atención.

Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), explicó a Onda Local que, aunque el sistema de salud costarricense se presenta como gratuito, obligatorio y universal, en la práctica es universal para quienes pagan. Quirós advirtió que la población migrante nicaragüense sin afiliación al Seguro Social no tendrá acceso a salud, medicamentos ni atención sofisticada.

Yoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), precisó que la gratuidad real solo cubre a menores de edad, mujeres embarazadas y personas con VIH, dejando excluidas a mujeres adultas sin esas condiciones. Martínez mencionó el caso de Carmelita Julio Pichi, una exiliada nicaragüense que falleció el 30 de noviembre de 2023, en un caso que, según ASIDEHU, involucró negligencia y negativa de atención médica. Este caso fue llevado a la Presidencia de Costa Rica, pero la Caja Costarricense de Seguro Social no se presentó a declarar.

Ante esta situación, organizaciones como SOS Nicaragua Derechos Humanos y la Red de Mujeres Pinoleras han organizado jornadas médicas y de atención primaria. Sin embargo, Quirós señaló que estas iniciativas tienen limitaciones, ya que muchos problemas de salud requieren vigilancia constante y no pueden ser atendidos eficazmente con jornadas esporádicas. Castrillo, a pesar de las adversidades, enfatizó la importancia de denunciar y no callar.

Onda Local solicitó una entrevista a la Caja Costarricense de Seguro Social el 19 de enero para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta.

Fuente: Infobae