Panamá | El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que, a pesar de las condiciones favorables para la inversión extranjera en Panamá, la corrupción, la limitada transparencia y las debilidades en el sistema judicial continúan siendo obstáculos significativos para las empresas internacionales. Esta conclusión forma parte de un informe sobre el clima de inversión publicado en septiembre de 2026.
El documento reconoce la posición geográfica estratégica de Panamá, su economía dolarizada y el Canal de Panamá como fortalezas clave, junto con un historial de crecimiento económico. Sin embargo, el informe advierte que las presiones fiscales y los problemas de gobernanza generan incertidumbre para los inversionistas interesados en el mercado panameño.
Estados Unidos identifica a Panamá como un receptor importante de inversión extranjera directa en Centroamérica, destacando que la legislación panameña otorga un trato equitativo a empresas nacionales y extranjeras. La inversión directa estadounidense en Panamá alcanzó los $5,200 millones al cierre de 2024, según datos incluidos en el informe.
Entre los principales obstáculos para la inversión se mencionan la corrupción, la falta de transparencia, una capacidad judicial limitada, problemas de impago y la escasez de talento en la fuerza laboral. Estas condiciones, según el análisis, pueden restringir nuevas inversiones y dificultar las operaciones empresariales, a pesar de las ventajas estructurales del país.
El informe critica el funcionamiento del sistema judicial y la resolución de disputas comerciales. Algunas empresas estadounidenses han reportado inconsistencias, injusticias o sesgos en los tribunales panameños. La falta de tecnología y experiencia comercial especializada también afecta la gestión de controversias contractuales y patrimoniales, lo que a menudo lleva a los inversionistas a recurrir a mecanismos de mediación o arbitraje.
La corrupción es otro desafío significativo, con reportes de irregularidades en los sectores público y privado, incluyendo presuntos sobornos, contratos inflados y falta de transparencia en procesos de permisos, propiedades y compras gubernamentales. Aunque Panamá ha implementado reformas en contratación pública, el informe indica que la aplicación de los mecanismos de control es inconsistente y existen debilidades institucionales que permiten interferencias políticas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
El caso de Cobre Panamá es citado como un ejemplo de los riesgos regulatorios y políticos que enfrentan los inversionistas, destacando las controversias tras el cierre de la mina y los reclamos arbitrales. Esto genera incertidumbre para el capital extranjero, a pesar del reconocimiento formal de los arbitrajes internacionales por parte del país.
En el ámbito financiero, el informe reconoce avances, como la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2023 y de la lista europea de jurisdicciones de alto riesgo en lavado de dinero. No obstante, persisten cuestionamientos europeos sobre transparencia e intercambio de información tributaria. En mayo de 2026, el presidente José Raúl Mulino aprobó una Ley de Sustancia Económica para exigir a entidades multinacionales demostrar presencia económica genuina, buscando alinearse con estándares de la OCDE y la Unión Europea.
Panamá mantiene atractivos como regímenes especiales para sedes de multinacionales, manufactura, turismo y zonas económicas, además de incentivos para diversas actividades. La Zona Libre de Colón alberga más de 2,800 empresas y Panamá Pacífico supera las 350 compañías. El sistema bancario panameño es descrito como desarrollado, regulado y abierto a la participación extranjera, con 63 bancos operativos.
Sin embargo, la disponibilidad de trabajadores especializados es un desafío. Panamá enfrenta escasez de personal capacitado en contabilidad, tecnología de la información y construcción especializada, así como una limitada disponibilidad de trabajadores bilingües. El país ocupó el puesto 81 entre 135 economías en competencias de graduados universitarios. Además, el 47% de la fuerza laboral estaba en el sector informal en 2025, cifra que supera el 70% en comunidades indígenas, lo que contrasta con la necesidad de talento especializado de los inversionistas.
Fuente: Infobae
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