Colombia | El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos. Estos contratos, celebrados durante el gobierno de Gustavo Petro, habrían utilizado la figura de urgencia manifiesta.
Según Lara, una auditoría forense realizada por su Ministerio identificó hallazgos en un contrato de 24.000 millones de pesos suscrito con la empresa MAC Soluciones, de Barranquilla. El ministro afirmó que parte de los elementos pagados no habrían sido entregados a la entidad y que algunos pagos se efectuaron durante la Ley de Garantías. Lara enfatizó que sus declaraciones se basan en documentos oficiales.
Los contratos cuestionados se sustentaron en una emergencia declarada por un frente frío que afectó a departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, dejando aproximadamente 250.000 personas afectadas por inundaciones. La Dirección Nacional de Bomberos declaró una urgencia manifiesta, un mecanismo que permite la contratación directa sin licitación en situaciones que requieren una respuesta inmediata.
El ministro Lara señaló que, de los 42.000 millones de pesos contratados bajo esta figura, solo 313 millones de pesos se habrían destinado directamente a atender las consecuencias de las inundaciones. El resto de los recursos se habría utilizado para adquirir trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para la atención de sustancias peligrosas. Aunque reconoció la necesidad de estos insumos para los bomberos, Lara argumentó que no guardaban relación directa con la emergencia invernal invocada para justificar la contratación directa, indicando que "la urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley".
Uno de los hallazgos principales se refiere al contrato 076 con MAC Soluciones, que inicialmente era de 16.000 millones de pesos y recibió una adición de 8.000 millones de pesos, alcanzando los 24.000 millones de pesos. Lara cuestionó que la adición llevó el contrato cerca del límite legal y que el tiempo de ejecución no se ajusta a una respuesta inmediata, ya que el contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia y cuando la emergencia ya había finalizado, con un plazo de 90 días para la entrega de equipos.
Además, se detectó una diferencia entre los bienes facturados y los ingresados al almacén. En una factura se cobraron 744 equipos, pero los registros indicaron la recepción de 670. El ministro también mencionó que el 20 de junio de 2026, funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos firmaron un acta de recibo a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración, pero ese mismo día se elaboró otra acta para que los bienes permanecieran en la bodega del contratista. Dos días después, se pagó una factura de 5.600 millones de pesos. Lara afirmó que, en septiembre, la Dirección Nacional de Bomberos solicitó la entrega de los artículos, pero estos no habían sido entregados hasta la fecha de su declaración.
El Ministerio del Interior ha iniciado la auditoría con el contrato de 24.000 millones de pesos y la ampliará a otros tres procesos suscritos con la misma urgencia manifiesta, revisando un total de 42.000 millones de pesos adicionales para completar el análisis de los 62.000 millones de pesos contratados bajo mecanismos similares. Lara instó a la Fiscalía, los organismos de control, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Información y Análisis Financiero a determinar el destino de los recursos, enfatizando que los fondos para los bomberos deben llegar a las instituciones y no quedar en bodegas privadas o sin trazabilidad.
En otro punto, el ministro Lara se refirió a la salida del capitán Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos, quien fue declarado insubsistente por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La decisión se tomó tras la aparición de audios en los que Miranda se refería a presuntas prácticas indebidas, incluyendo la posible entrega de dinero a autoridades judiciales para evitar una investigación. Lara aclaró que estos hechos son anteriores a la actual administración y no se relacionan con actuaciones de este Gobierno, pero provocaron una pérdida de confianza institucional que llevó a la salida de Miranda. Las denuncias presentadas serán evaluadas por las entidades competentes para determinar si hay mérito para abrir procesos penales, disciplinarios o fiscales.
Fuente: Infobae
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