Colombia | La Contraloría General de la República ha solicitado a Emcali (Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.) la documentación completa relacionada con la licitación del alumbrado público de Cali, un contrato valorado en aproximadamente 452.711 millones de pesos. Esta acción se produce tras una denuncia formal presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), que alerta sobre posibles irregularidades que podrían impactar el patrimonio público y las tarifas que los usuarios deberán pagar durante los próximos 20 años.
El requerimiento de la Contraloría, notificado mediante el oficio 2026EE0214301 del 7 de octubre de 2026, fue dirigido al gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero. Se solicitó el expediente precontractual completo, el estado actual del proceso y todas las actuaciones vinculadas a la Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026, estableciendo un plazo de tres días hábiles para la respuesta. El contrato en cuestión tiene una vigencia proyectada hasta el año 2045 y afectaría directamente las tarifas de alumbrado público para propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales en Cali.
La Red Ver ha señalado que el proceso podría resultar en un único oferente habilitado. De las tres propuestas presentadas al cierre del 25 de septiembre, una podría ser excluida debido a que el último correo electrónico asociado a esa oferta habría llegado aproximadamente cinco minutos después del horario límite de cierre, fijado a las 4:30 p.m. La veeduría también cuestiona el mecanismo de recepción de ofertas, ya que las propuestas se enviaron por correo electrónico y no a través del módulo transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que consideran una anomalía.
Para determinar la validez de la oferta en disputa, la Red Ver considera esencial revisar los registros electrónicos (logs), la hora exacta de envío y recepción, la integridad de los archivos, su cadena de custodia digital y si los documentos recibidos fuera de término eran sustanciales o subsanables. Si se confirma la exclusión, el proceso continuaría con un solo proponente, lo que la Red Ver asocia con el uso de un "pliego sastre", es decir, un pliego de condiciones con exigencias que habrían restringido la participación. Además, la veeduría ha cuestionado los requisitos de experiencia, el número de luminarias exigido y los perfiles profesionales solicitados.
La Procuraduría General de la Nación también ha intervenido en el control preventivo de este proceso. Según la Red Ver, la Procuraduría formuló requerimientos y recomendaciones a Emcali desde el 28 de septiembre, más de una semana antes de la intervención de la Contraloría. Las tres ofertas fueron publicadas junto con el informe preliminar de evaluación, pero la veeduría insiste en que esta publicación no disipa las dudas sobre las condiciones de recepción, custodia y evaluación de las propuestas.
Ante la confluencia de cuestionamientos y la intervención de ambos organismos de control, la Red Ver ha solicitado formalmente la suspensión del proceso hasta que se aclaren los hechos y se completen las verificaciones. Específicamente, pidieron que no se realice ninguna adjudicación mientras persistan las dudas sobre la igualdad de condiciones entre los oferentes y la recepción de las propuestas. La veeduría enfatizó que, dada la magnitud del contrato, es indispensable esclarecer estos hechos antes de cualquier adjudicación.
Previamente, el 29 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a Roger Mina Carbonero, gerente general de Emcali, y a José David Insuasti Avendaño, gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de alumbrado público en Cali. Esta medida buscaba evitar la reiteración de conductas investigadas, la intervención de los funcionarios en otros procesos contractuales o el incumplimiento de las normas aplicables. El expediente analizó la selección de un aliado estratégico para prestar el servicio durante 20 años, que es el mismo proceso por el cual la Contraloría ha iniciado su indagación actual.
Fuente: Infobae
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