Costa Rica | La democracia del país podría verse amenazada por la infiltración de recursos económicos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas en las campañas electorales, según advirtió Ana Rita Argüello Miranda, investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Argüello Miranda señaló que el principal riesgo no radica solo en el origen ilícito del dinero, sino en los compromisos que podrían establecerse entre los aportantes y los futuros funcionarios. Esto podría permitir que organizaciones criminales influyan en decisiones gubernamentales, nombramientos de funcionarios y contrataciones públicas, lo que la experta denomina una "captura del aparato estatal".
La preocupación surge en un contexto de investigaciones judiciales por presunta legitimación de capitales y cuestionamientos sobre contribuciones a agrupaciones políticas. La Asamblea Legislativa también debate posibles vínculos entre organizaciones criminales y estructuras partidarias. La investigadora enfatizó que el financiamiento de campañas es un punto vulnerable para los sistemas democráticos, especialmente donde las organizaciones criminales poseen amplios recursos y buscan expandir su influencia.
Según Argüello, estas estructuras podrían buscar beneficios mediante la designación de personas afines en puestos estratégicos, el debilitamiento de controles institucionales o la interferencia en investigaciones judiciales. En este escenario, el financiamiento electoral trasciende lo administrativo para convertirse en un problema de seguridad nacional, independencia institucional y estabilidad democrática.
La advertencia de la UNED se produce en una semana en la que se reavivó el debate sobre los vínculos entre empresarios investigados por actividades ilícitas y el financiamiento político. Recientemente, se conoció que un empresario detenido por presunta legitimación de capitales había registrado aportes en especie por aproximadamente ₡14.1 millones (USD 30 mil) a una agrupación política durante el proceso electoral de 2026. A esto se suman investigaciones sobre presuntas estructuras paralelas de financiamiento en la campaña de 2022 y cuestionamientos sobre contribuciones realizadas mediante plataformas de transferencia electrónica.
La investigadora destacó que uno de los principales problemas es la dificultad para identificar a los verdaderos aportantes de recursos. El financiamiento de campañas no se limita a depósitos bancarios, sino que incluye contribuciones indirectas como el préstamo de vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales y publicidad digital. Aunque estos aportes deben ser reportados, su naturaleza dificulta la identificación del proveedor real, especialmente con la intervención de terceros.
Otra vulnerabilidad son las estructuras paralelas de financiamiento, que permiten mantener gastos de campaña fuera de la contabilidad formal de los partidos, dificultando la trazabilidad del dinero y la detección de aportes irregulares. Argüello considera esencial fortalecer la prevención y no solo la fiscalización posterior, implementando sistemas de alerta temprana para garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar riesgos antes de que comprometan los procesos electorales.
La experta de la UNED insistió en que Costa Rica debe ampliar su enfoque en la fiscalización de los recursos electorales, incorporando una perspectiva de seguridad democrática, prevención del crimen organizado y protección de la independencia. Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos para identificar a los verdaderos contribuyentes, mejorar la trazabilidad de los recursos, detectar movimientos irregulares y coordinar entre autoridades electorales e instituciones de investigación de delitos. Argüello advirtió que, ante el crecimiento económico de las organizaciones criminales, los partidos políticos podrían volverse atractivos para quienes buscan protección, influencia o legitimidad institucional.
Fuente: Infobae
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