Panamá mantiene su clasificación en la lucha contra la trata de personas a pesar de fallas en protección de víctimas

Panamá | El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Panamá en el Nivel 2 de su evaluación anual sobre trata de personas, reconociendo un aumento en las investigaciones, procesos judiciales y condenas durante 2025. Sin embargo, el informe advierte sobre persistentes deficiencias en la identificación y protección de las víctimas.

El gobierno estadounidense señaló que Panamá no cumple completamente con los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque realiza esfuerzos significativos. La mejora en la respuesta penal, incluyendo una condena por trata sexual que puso fin a dos años sin sentencias bajo la legislación específica, fue clave para que el país conservara su clasificación.

Las autoridades panameñas investigaron 27 casos de trata en 2025, un incremento respecto a los 22 del año anterior. De estos, dos estuvieron relacionados con trata sexual y 25 con otras formas de explotación no especificadas. Se iniciaron procesos contra tres sospechosos y continuaron causas abiertas contra al menos 10 imputados. El Poder Judicial condenó a un responsable de trata sexual a 12 años de prisión, en contraste con 2024, cuando no hubo condenas por este delito. El Código Penal panameño establece penas de 15 a 20 años de prisión para víctimas adultas y de 20 a 30 años para menores de edad en casos de trata.

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El informe también destaca que, a pesar de la reforma de diciembre de 2024 que eliminó el requisito de traslado para configurar el delito de trata, ampliando el alcance de la norma a hechos de explotación interna, Panamá no informó investigaciones por trata dentro del país. Además, se observó que algunos acusados de trata sexual fueron imputados por delitos con sanciones menores. Las autoridades tampoco informaron sobre investigaciones o condenas contra funcionarios públicos que pudieran haber colaborado con redes de explotación.

En 2025, la comisión contra la trata identificó y confirmó a cuatro víctimas, todas extranjeras. Otras 12 personas detectadas en 2024 obtuvieron la condición de víctimas posteriormente. Entre ellas se encontraban siete mujeres explotadas sexualmente, tres hombres y tres mujeres sometidos a trabajo forzoso, y tres mujeres afectadas por formas de trata no especificadas. Las víctimas procedían de Venezuela, Colombia, China, Brasil, Costa Rica y República Dominicana. El proceso de identificación puede demorar meses, y en algunos casos, las víctimas esperan aún más tiempo para una definición oficial.

Varias mujeres fueron rescatadas durante un operativo judicial en el que fue desarticulada una red de trata de personas con fines de explotación sexual. (Europa Press)

El gobierno ofreció servicios a todas las víctimas identificadas en 2025, aunque la mayoría los rechazó. Los recursos incluyeron atención médica básica, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Algunas víctimas fueron derivadas a refugios de organizaciones civiles o alojadas en hoteles, y hubo repatriaciones financiadas por estas organizaciones. Sin embargo, Panamá carece de refugios exclusivos para víctimas de trata y la capacidad de alojamiento es limitada. Las víctimas de explotación laboral, hombres y aquellos en áreas rurales enfrentaron mayores obstáculos para acceder a protección estatal.

El informe también menciona que los migrantes venezolanos y nicaragüenses que cruzan el país, así como niños y comunidades indígenas, se encuentran entre los grupos más expuestos a la trata. Se han reportado casos de trabajo forzoso en construcción, agricultura, minería, restaurantes y venta ambulante, mediante deudas, engaños y restricciones de movimiento. Además, se citan denuncias sobre ofertas fraudulentas dirigidas a mujeres panameñas para programas de formación profesional en Rusia, donde los trabajadores habrían enfrentado condiciones riesgosas e incumplimientos salariales.

Agentes de la DIJ e INTERPOL participaron en la Operación Corazón Azul para desmantelar la red de trata (Cortesía: Policía Nacional de Panamá).

El Gobierno panameño mantiene una comisión interinstitucional y el Plan de Acción Nacional 2022-2027, y ha desarrollado campañas de sensibilización. No obstante, no financió una línea telefónica específica para denuncias de trata y no informó acciones para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales. La obligación de la comisión nacional de presentar un informe anual sobre el avance del plan no se cumplió.

Una mujer joven con su rostro oculto en la sombra ilustra el testimonio de una víctima de trata y esclavitud doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
FOTO DE ARCHIVO: Una migrante ecuatoriana junta sus manos mientras recuerda cómo fue secuestrada y víctima de trata sexual. REUTERS/Maye-E Wong
Un volumen del Código Penal de Panamá y un mazo de madera se presentan sobre una superficie, ilustrando herramientas fundamentales en el ámbito legal panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cinco colombianas fueron rescatadas – crédito @policiadepanama/X

Fuente: Infobae

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