Colombia | La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha concedido la libertad provisional a los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. Ambos están siendo procesados por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión, emitida el 9 de octubre de 2026, se fundamenta en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, que contempla la libertad provisional por vencimiento de términos. La Sala evaluó que ha transcurrido un año desde la emisión de la resolución de acusación contra los exlegisladores sin que se haya iniciado el juicio correspondiente.
Para que la libertad provisional se haga efectiva, Name y Calle deben cumplir con ciertas condiciones económicas y judiciales. Cada uno deberá pagar una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), lo que asciende a $17.509.050. Este monto puede ser consignado en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia o garantizado mediante una póliza.

Adicionalmente, ambos excongresistas deberán suscribir una diligencia compromisoria en la que proporcionen información precisa para establecer su ubicación. La Corte ha advertido que el incumplimiento de estos compromisos podría resultar en una multa y la revocatoria de la libertad provisional.
La providencia, suscrita por las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Socorro Mora Insuasty (esta última como ponente), también ordena la expedición de las boletas de libertad con destino al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota, donde se encuentran recluidos. Se ha instruido a la dirección de La Picota que la salida de los excongresistas solo se hará efectiva tras verificar que no sean requeridos por otra autoridad judicial.
Es importante destacar que esta decisión no implica una absolución ni el cierre del proceso penal. Las acusaciones formuladas contra Name y Calle continuarán su trámite judicial y serán objeto de futuras decisiones de la Corte Suprema. Contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación.

Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, fueron acusados por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 2025. Se les imputan los delitos de cohecho impropio y participación en peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con la circunstancia de mayor punibilidad debido a su posición distinguida en la sociedad.
La investigación se centra en el presunto pago de sobornos por 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Calle durante el gobierno de Gustavo Petro. La hipótesis de las autoridades sugiere que estos recursos habrían tenido como fin facilitar la aprobación de iniciativas legislativas del Gobierno nacional, incluyendo reformas al sistema de salud y pensional.
Según el expediente, el dinero habría sido entregado en efectivo en octubre de 2023. Name presuntamente recibió los fondos en dos entregas realizadas por Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones. En el caso de Calle, la entrega habría sido efectuada por Sneyder Pinilla, subdirector de la Ungrd en ese momento, en un apartamento en Montería, Córdoba.

Las autoridades investigan si estos recursos están vinculados a un préstamo de Pedro José Castro Espinosa, que habría sido reembolsado con dinero desviado de un contrato de la Ungrd destinado a la adquisición de carrotanques para llevar agua a La Guajira. En el expediente también figuran otros exfuncionarios como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Las defensas de los excongresistas han cuestionado aspectos de la investigación y las pruebas, así como el origen de los recursos y la configuración del delito de peculado. Sin embargo, la Sala Especial de Instrucción mantuvo la acusación contra Name y Calle. El proceso penal continuará a la espera de la instalación del juicio para determinar la responsabilidad de los exlegisladores.

Fuente: Infobae
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