Honduras | El Departamento de Estado de Estados Unidos ha clasificado a Honduras en el Nivel 2 de su Informe sobre Trata de Personas de 2026. Esta categoría agrupa a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, pero demuestran esfuerzos significativos para alcanzar dichos estándares.
La evaluación estadounidense no se centra en el número total de víctimas, sino en las acciones oficiales de prevención, protección, investigación y sanción. Aunque el informe reconoce avances gubernamentales, también señala deficiencias que impiden que Honduras ascienda al Nivel 1, reservado para los gobiernos que cumplen completamente con la legislación estadounidense.
Según el informe individual más reciente del Departamento de Estado, las autoridades hondureñas han incrementado los procesos contra presuntos tratantes y las condenas por estos delitos. En 2024, se investigaron 42 casos, se iniciaron acciones judiciales contra 69 sospechosos y se obtuvieron 30 condenas, superando las 21 del año anterior. La mayoría de estos casos estuvieron relacionados con explotación sexual, aunque también hubo investigaciones y condenas por trabajo forzoso.
El documento también resalta la implementación de tres protocolos locales para la identificación y asistencia a víctimas, así como consultas con sobrevivientes para reformar la legislación contra la trata. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas recibió 40 millones de lempiras en 2024, equivalentes a 1.58 millones de dólares, para financiar sus actividades de coordinación, prevención y atención.
A pesar de estas acciones, Estados Unidos advirtió que Honduras aún no cumple varias condiciones clave. De las víctimas identificadas en 2024, 42 fueron de trata sexual, cinco de explotación laboral, una de trata no especificada y un niño sometido a criminalidad forzada. El informe indicó que el Estado no comunicó haber brindado servicios a todas las víctimas identificadas ese año.
La falta de personal, recursos y cobertura territorial se presenta como un obstáculo principal. Las unidades policiales y fiscales especializadas operan principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que limita la asistencia fuera de estas ciudades. Además, el reporte estadounidense señaló que las autoridades realizaron esfuerzos insuficientes para detectar casos de trata laboral. Ninguno de los refugios disponibles para víctimas aceptaba hombres, lo que restringe la respuesta para una parte de la población afectada.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha indicado que Honduras es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Un análisis de 2021 de la UNODC reveló que cerca del 40% de las víctimas detectadas en el país habían sufrido alguna forma de explotación laboral, incluyendo el trabajo doméstico.
La vulnerabilidad también se vincula con los flujos migratorios. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que 360,868 personas ingresaron de forma irregular a Honduras entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2024. Aunque esta cifra no representa directamente víctimas de trata, el tránsito irregular aumenta los riesgos de explotación, fraude, captación por redes criminales y trabajo forzoso.
El Departamento de Estado identifica a mujeres, niños, migrantes, personas indígenas y afrodescendientes, desplazados internos, personas con discapacidad y habitantes de zonas bajo influencia criminal como grupos expuestos. También advierte sobre la captación a través de redes sociales, falsas ofertas de empleo y vínculos afectivos fraudulentos.
La permanencia de Honduras en el Nivel 2 en el informe de 2026 indica que el país mantiene mecanismos de persecución y prevención, pero necesita mejorar la identificación de víctimas, asegurar servicios en todo el territorio y fortalecer las investigaciones sobre explotación laboral y posibles casos de complicidad oficial.
Fuente: Infobae
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