México | El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado por tercera ocasión la aprobación de lineamientos destinados a fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos, conocidos como “pre-precampañas”. Esta decisión se tomó en una sesión del Consejo General, en medio de un debate sobre las facultades de la autoridad electoral y la ausencia de reglas claras para supervisar estas actividades de cara a las elecciones de 2027.
La propuesta, presentada por los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey, no logró el respaldo mayoritario. Siete consejeros votaron en contra: la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, junto con Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez. A favor de la iniciativa se pronunciaron los tres consejeros proponentes y Rita Bell López.
La discusión en el Consejo General puso de manifiesto las divergencias internas en el INE respecto a la necesidad de establecer mecanismos específicos para revisar los gastos de las actividades políticas que los partidos realizan antes del inicio formal de las precampañas. También se debatió sobre los límites de la autoridad electoral para intervenir en estos procesos.
Arturo Castillo defendió la urgencia de aprobar estas reglas para fiscalizar de manera oportuna las actividades partidistas, dado que el proceso electoral 2026-2027 inició formalmente el 10 de septiembre. El consejero señaló que los partidos y sus figuras políticas continúan realizando recorridos territoriales, eventos públicos, encuestas, traslados, propaganda y difusión de contenidos en plataformas digitales, actividades que generan gastos que deberían ser revisados por la autoridad electoral.
Castillo advirtió que la falta de mecanismos de fiscalización oportuna podría comprometer la equidad de la contienda, ya que algunos gastos podrían quedar sin una revisión efectiva antes de las elecciones. Explicó que los gastos de los procesos internos se contabilizan en la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyos resultados de fiscalización se conocerán hasta el segundo semestre de 2027, es decir, después de concluido el proceso electoral. Esto podría impedir la incorporación oportuna de ciertos gastos al tope de precampaña o campaña, y si se detectan irregularidades, el impacto sobre la equidad electoral podría ser irreparable.
El consejero aclaró que su propuesta no implica que todos los gastos sean ilegales o que las actividades actuales constituyan actos anticipados de campaña, sino que busca establecer mecanismos para conocer el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, y determinar si cumplen con la normativa electoral.
En contraste, la consejera Norma de la Cruz argumentó que el documento contenía contradicciones y proponía regular conductas que ya pueden ser atendidas mediante el procedimiento especial sancionador. Consideró que el proyecto requería un análisis más profundo, ya que, a su juicio, algunas disposiciones rebasaban las atribuciones de fiscalización del instituto, mencionando la revisión de propaganda, publicaciones en redes sociales y la participación de servidores públicos en actividades políticas.
Con este nuevo rechazo, el INE mantiene pendiente la definición de un mecanismo específico para fiscalizar las actividades políticas previas a las precampañas, mientras los partidos continúan con sus procesos internos rumbo a la renovación de cargos de elección popular en 2027.
Fuente: Infobae
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