República Dominicana | El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Informe sobre la Trata de Personas de 2026, ha mantenido a República Dominicana en el Nivel 2 de su clasificación, la misma categoría que en el reporte anterior. Esta clasificación agrupa a países que no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero que demuestran esfuerzos significativos para lograrlo.
El informe destaca que, a pesar de las reformas legales implementadas y un aumento en las condenas por trata, el país aún presenta deficiencias en la identificación e investigación de casos de trabajo forzoso, especialmente en áreas rurales. Además, se señala la ausencia de refugios especializados para hombres víctimas de este delito.
En 2025, un agente de la Policía Nacional dominicana fue condenado a 20 años de prisión por trata de personas con fines sexuales, siendo este el caso más grave de complicidad estatal registrado ese año. En julio de 2025, el país modificó la Ley 137-03, elevando las penas de prisión por trata de personas de 15-20 años a 20-25 años. Para casos que involucran a niños o personas con discapacidad, la pena puede alcanzar de 25 a 30 años. La reforma también eliminó el plazo de prescripción para estos delitos e introdujo la figura de “comisión por omisión” para sancionar a funcionarios que no actúen para prevenir la trata.
Durante 2025, los tribunales dominicanos condenaron a 30 traficantes, un aumento significativo respecto a los 11 del año anterior. De estos, 29 fueron por trata sexual y uno por trabajo forzoso, con penas que oscilaron entre seis meses y 20 años. Sin embargo, las investigaciones de casos de trata disminuyeron a 94 en 2025, en comparación con 229 en 2024. Esta reducción coincidió con una concentración de recursos policiales en la trata sexual urbana, dejando relegado el trabajo forzoso en el campo, a pesar de los riesgos conocidos en sectores como el café, la construcción y la caña de azúcar.
El gobierno dominicano, tras la publicación del informe, emitió un comunicado detallando sus acciones. Mencionó 1,050 inspecciones laborales en sectores de riesgo, la suspensión de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso y la formalización de más de 7,400 trabajadores migrantes mediante contratos. En enero de 2026, se creó una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), con más fiscales e investigadores. El año anterior ya se habían abierto fiscalías en Sosúa y Haina.
En 2025, el Estado dominicano identificó 139 víctimas de trata, de las cuales 138 fueron por explotación sexual y una por trabajo forzoso. De este total, 108 eran extranjeras, con 106 de ellas de nacionalidad colombiana. Las 30 víctimas dominicanas restantes fueron explotadas dentro del país, a excepción de una mujer rescatada en Nigeria. Todas las víctimas identificadas fueron remitidas a servicios estatales o de organizaciones no gubernamentales. Los tribunales ordenaron a siete traficantes condenados pagar 21,770,000 pesos dominicanos (USD 349.039) en restitución a cuatro víctimas, aunque la ejecución de estos pagos está pendiente de apelaciones.
El informe estadounidense también señala que el gobierno no financió ni ofreció servicios especializados para hombres víctimas de trata durante el período evaluado. Además, se menciona que observadores indicaron que algunos funcionarios de migración solicitaron sobornos a extranjeros para evitar la deportación, a pesar de la existencia de un protocolo para detectar indicadores de trata antes de la expulsión de migrantes. El documento advierte que la excesiva dependencia del testimonio de las víctimas llevó a desestimar casos cuando estas no podían o no querían declarar.
El gobierno asignó 432 millones de pesos dominicanos (USD 7.2 millones) a su Plan de Acción Nacional 2025-2028. Sin embargo, el Departamento de Estado concluyó que los esfuerzos de prevención se redujeron ligeramente, particularmente por la falta de avances en el programa piloto para registrar con contratos laborales a los trabajadores migrantes, principalmente del sector de la caña de azúcar.
El documento describe que los traficantes reclutan a sus víctimas con falsas ofertas de empleo, les retienen los pasaportes y les exigen deudas inventadas. Niños haitianos sin acompañante y menores en situación de calle son identificados como grupos de mayor riesgo. Los traficantes también obligan a ancianos y personas con discapacidad a mendigar y utilizan redes sociales y la red oscura para reclutar adolescentes y comercializar material de abuso sexual infantil.
Fuente: Infobae
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