México | El Gobierno de Sinaloa anunció el viernes 9 de octubre la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario con inversión federal. Esta decisión se produce tras una serie de incidentes violentos en las prisiones del estado, incluyendo una crisis reciente en el penal El Castillo de Mazatlán que resultó en 12 muertes, entre ellas la de un niño, en menos de 48 horas.
La gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó la medida, que cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad federal. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la ubicación ni la fecha de inicio de la construcción de la nueva prisión.
La situación en el penal El Castillo de Mazatlán escaló el 8 de octubre, cuando una riña en los módulos 4 y 5 dejó un saldo de 9 internos y un menor de dos años fallecidos, además de 16 heridos. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, atribuyó el enfrentamiento al uso de armas cortas calibre 9 milímetros entre internos, descartando la irrupción de grupos externos. Al día siguiente, 9 de octubre, una segunda riña en otro módulo del mismo penal causó la muerte de dos internos más por arma punzocortante, elevando el total de fallecidos a 12 en 48 horas. La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que se iniciaron carpetas de investigación por homicidio doloso y se aseguraron armas cortas e indicios balísticos.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa condenó los hechos en El Castillo, señalando “múltiples violaciones a los derechos humanos” y anunció el inicio de investigaciones propias, además de exhortar a la Fiscalía a esclarecer lo sucedido.
La crisis penitenciaria en Sinaloa se ha manifestado en varios centros. El penal El Castillo obtuvo una calificación de 5.25 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, por debajo del umbral aprobatorio, mientras que el penal Goros II, en Los Mochis, recibió 4.79 puntos. El sistema penitenciario estatal también incluye el Penal de Aguaruto en Culiacán y el centro penitenciario de la Región del Évora en Angostura, además de un Centro Federal de Readaptación Social en Guasave y un Centro de Internamiento para Adolescentes.
El penal de Aguaruto ha sido escenario de múltiples incidentes. El 17 de octubre de 2019, durante el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, 51 reos escaparon tras un amotinamiento en el que despojaron de armas a cinco custodios. De los evadidos, 39 estaban presos por delitos federales y 10 por delitos del fuero común. Este evento, conocido como el “Jueves Negro”, dejó un saldo de nueve muertos. Entre 1999 y 2022, Aguaruto acumuló 111 fugas y 77 homicidios.
La violencia en Aguaruto se intensificó desde 2024, atribuida a la disputa entre facciones de “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. En mayo de 2024, se descubrió un túnel de 15 metros, un arsenal, drogas y un dispositivo Starlink. En diciembre de ese año, un interno fue hallado muerto en su celda. Durante 2025, se registraron tiroteos y riñas que dejaron muertos y heridos, con incautación de armas y explosivos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, atribuyó la persistencia de la violencia a la antigüedad del edificio y a un deficiente control administrativo.
En enero de 2026, 78 internos de Aguaruto fueron reubicados por conflictos entre grupos rivales. El 31 de mayo de ese año, una riña en el módulo 7 dejó 7 internos muertos y 1 herido. El 18 de junio, 25 reos con procesos federales fueron trasladados a penales de máxima seguridad. A pesar de las revisiones y aseguramientos de objetos prohibidos, el 22 de julio un interno murió por arma blanca en otra riña.
El Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, también registró una fuga el 25 de enero de 2025, cuando cuatro reos escaparon tras forcejear con custodios y despojar a uno de ellos de un arma larga. Los evadidos cumplían condenas por secuestro, homicidio y robo.
Fuente: Infobae
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