Colombia | El Consejo Superior de la Judicatura ha extendido hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta que fue declarada tras el sismo del 10 de agosto. Esta prórroga tiene como objetivo principal la contratación de obras, bienes y servicios necesarios para reparar los daños sufridos en las sedes judiciales del país.
La corporación, encargada de la administración judicial, comunicó que la medida busca asegurar la continuidad del servicio de justicia y garantizar la seguridad tanto de los servidores judiciales como de los usuarios. La decisión fue formalizada a través del Acuerdo PCSJA26-12598, aprobado el 8 de octubre del año en curso. La extensión permitirá avanzar en la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa de la Rama Judicial, que resultó seriamente afectada en varias regiones.
Según el documento, un total de 110 sedes judiciales presentaron daños a raíz del movimiento telúrico. De estas, 21 sufrieron afectaciones graves, 63 moderadas y 26 leves. La prórroga responde a solicitudes de las direcciones seccionales de Administración Judicial de Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué, que pidieron más tiempo para llevar a cabo contrataciones para diagnósticos estructurales, adecuaciones locativas, reubicación de despachos y traslado de infraestructura tecnológica.
En septiembre, el Consejo Superior de la Judicatura mantuvo medidas excepcionales para los distritos judiciales de Quibdó y Pereira, donde persistían problemas de infraestructura, conectividad y acceso a las sedes. El Palacio de Justicia Adán Arriaga Andrade en Quibdó y varias sedes en municipios del Chocó reportaron daños, así como dificultades en el suministro eléctrico, la conectividad y la infraestructura tecnológica. En Pereira, el Palacio de Justicia fue declarado inhabitable, afectando el funcionamiento de 83 despachos judiciales, secretarías y centros de servicios del Distrito Judicial.
Ante esta situación, el Consejo implementó despachos de apoyo itinerante en Arauca para atender asuntos de Quibdó, y en Barranquilla y Valledupar para casos de Pereira. Estas medidas cubrieron acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus, audiencias de control de garantías y otros trámites urgentes relacionados con personas privadas de la libertad. El trabajo en casa para funcionarios judiciales de estas sedes se mantendrá habilitado hasta el 31 de diciembre de 2026, según el Acuerdo PCSJA26-12601, con autorización de los nominadores y concepto favorable del consejo seccional de la Judicatura.
La mayoría de los despachos afectados ya han restablecido el servicio de administración de justicia. Las dependencias que aún no pueden retomar la presencialidad operan bajo un esquema híbrido, combinando trabajo en casa y atención presencial. Algunas sedes también fueron trasladadas temporalmente para asegurar la continuidad de las labores judiciales.
Dos meses después del sismo de magnitud 7,4, el Gobierno nacional puso en marcha el Fondo Milagro, con un billón de pesos iniciales, para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. El sismo, uno de los más graves de los últimos años, dejó 335 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y 103 desaparecidas. El presidente Abelardo De la Espriella anunció el 7 de octubre la operación formal del fondo, que administrará recursos públicos y privados para reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías y acueductos.
Fuente: Infobae
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