Perú | El Congreso peruano está tramitando un dictamen que busca delegar al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en áreas de seguridad ciudadana y la respuesta al fenómeno El Niño. La Cámara de Diputados ya aprobó esta iniciativa, que ahora se encuentra en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis, debate y posible aprobación, antes de ser sometida al pleno de la Cámara Alta, según información de Andina Noticias.
El dictamen propone una serie de medidas destinadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. Entre las principales acciones se incluyen el control de teléfonos celulares utilizados en actividades delictivas, el bloqueo de comunicaciones desde los centros penitenciarios, la imposición de restricciones al acceso a armas de fuego y reformas en el sistema carcelario. Además, se contempla un endurecimiento de las sanciones para delitos considerados de alto impacto.
Una de las disposiciones más destacadas del dictamen es la facultad otorgada al Gobierno para reforzar los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos celulares empleados en la comisión de delitos. Esta propuesta abarca el registro, la trazabilidad y la suspensión, baja y bloqueo de líneas utilizadas de forma ilícita. Para ello, se ampliarán las competencias de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre las empresas operadoras en relación con líneas y equipos ilegales.
Adicionalmente, el texto habilita al Ejecutivo para establecer normativas que permitan la implementación de tecnología avanzada con el fin de detectar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde prisiones y centros juveniles. El objetivo es contrarrestar las extorsiones que se originan en estos lugares. El dictamen especifica que estos bloqueos deben aplicarse con precisión técnica para evitar interrupciones en la cobertura celular de las zonas aledañas.
En cuanto al control de armamento, el dictamen propone eliminar el beneficio de registrar un número ilimitado de armas bajo las modalidades de caza y deporte. Las denuncias falsas por supuestas pérdidas o robos de armas serán sancionadas con la cancelación definitiva de la licencia de por vida. La suplantación de identidad para adquirir o portar armamento será castigada penalmente.
Paralelamente, se prevén reformas en la gestión de los penales, incluyendo la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas para su reacondicionamiento como recintos penitenciarios. Estos nuevos centros, administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), estarán destinados a reclusos de baja peligrosidad. La normativa también establece que los adolescentes en conflicto con la ley penal que alcancen la mayoría de edad mientras cumplen condena por delitos graves serán trasladados de los centros juveniles a unidades diferenciadas de máxima seguridad en penales comunes.
El dictamen busca también aplicar penas más severas y limitar los beneficios procesales para delitos de alto impacto como la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal. Para estos casos, se reducirán las opciones de conversión de penas privativas de la libertad y la terminación anticipada. El texto contempla, asimismo, la actualización de la Ley de Delitos Informáticos para perseguir con mayor eficacia la suplantación digital, los fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de redes de delincuencia organizada.
Finalmente, se incluye la optimización de la plataforma de Denuncia Digital, con el propósito de asegurar la trazabilidad y privacidad de los denunciantes, aclarando que el registro informático no constituirá por sí solo una prueba condenatoria automática. De ser aprobado el dictamen, el Ejecutivo dispondrá de 90 días calendario para promulgar las medidas mediante decreto legislativo.
Fuente: Infobae
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