Costa Rica | El Gobierno de Costa Rica ha anunciado medidas para fortalecer la atención de emergencias en el país, incluyendo una transferencia de aproximadamente ₡1.500 millones (equivalentes a USD 3.2 millones) a la Cruz Roja Costarricense. Esta acción se produce en un momento en que la institución humanitaria enfrenta una de sus situaciones económicas más complejas en años recientes.
La Cruz Roja ha señalado que 66 de sus 134 comités experimentan dificultades financieras, lo que podría llevar a la reducción de servicios o incluso al cierre a mediano plazo si no se aseguran nuevas fuentes de financiamiento. Para mantener su operación básica a nivel nacional, la institución requiere alrededor de ₡25.000 millones (USD 54 millones) anualmente. De este monto, aproximadamente el 40% proviene de fondos públicos, mientras que el 60% restante debe ser obtenido a través de ingresos privados, donaciones y otras vías.
La situación económica ya ha tenido repercusiones, con el cese de operaciones de los comités de San Pablo y San Rafael de Heredia como parte de un proceso de reorganización. Además, otras seis sedes en la provincia de Heredia se encuentran en estado crítico. A julio de 2026, la Cruz Roja registraba un déficit cercano a ₡943 millones (USD 2 millones) para cubrir sus operaciones anuales. El año 2025 cerró con un déficit preliminar de aproximadamente ₡1.400 millones (USD 3 millones), en un contexto de aumento en la cantidad y complejidad de las emergencias atendidas, sin un crecimiento proporcional de los recursos.
La institución atiende cerca de 500.000 llamadas de emergencia al año, lo que equivale a aproximadamente una por minuto. Esto se suma a los crecientes costos asociados a accidentes de tránsito graves, incidentes violentos y otras emergencias que demandan personal, vehículos y equipamiento especializado. Un ejemplo de estas dificultades es el comité de Orotina, que opera con una sola ambulancia y cuatro funcionarios, atendiendo un promedio de 17 emergencias diarias para una población de cerca de 35.000 personas.
La presidenta Laura Fernández explicó que, a pesar de ser una entidad privada, la Cruz Roja cumple una función pública esencial que justifica el apoyo estatal. Por ello, instruyó al Ministerio de Hacienda para tramitar una modificación presupuestaria que aporte los recursos necesarios para respaldar la continuidad de sus operaciones. El ministro de Hacienda confirmó que la modificación presupuestaria contempla los ₡1.500 millones, y recordó que, al tratarse de fondos públicos, su uso deberá ajustarse a la legislación costarricense.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la adquisición de 40 nuevas ambulancias para el Cuerpo de Bomberos, con el fin de expandir su participación en la atención prehospitalaria. La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, indicó que las unidades ya fueron adjudicadas y se espera que estén operativas para febrero de 2027. El financiamiento provendrá del 4% de las primas de seguros que ya se destinan a Bomberos, por lo que no implicará un costo adicional para la población.
El Cuerpo de Bomberos ya ofrece atención prehospitalaria, aunque en menor escala que la Cruz Roja. La expansión se facilitará por la infraestructura existente de 79 estaciones, lo que evitará la necesidad de desarrollar una nueva red de instalaciones. Actualmente, el servicio prehospitalario opera desde cuatro estaciones de Bomberos, cuya experiencia servirá de base para la ampliación. El plan gubernamental busca también optimizar la asignación de recursos en emergencias, como en accidentes de tránsito donde pueden coincidir unidades de ambas instituciones, permitiendo una redistribución de recursos y la reducción de duplicidades.
Fuente: Infobae
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