Costa Rica | La Corte Suprema de Justicia se prepara para elegir a su nueva presidencia el próximo 26 de octubre, en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno, así como cuestionamientos sobre el funcionamiento de los tribunales y el avance del crimen organizado. Cuatro magistrados han formalizado sus candidaturas para dirigir el Poder Judicial durante los próximos cuatro años.
Los aspirantes son Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera y actual vicepresidenta de la Corte; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera; Patricia Vargas González, también integrante de la Sala Tercera; y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal. Las postulaciones fueron presentadas ante la Secretaría General de la Corte antes del cierre del plazo, el 12 de octubre.
La elección se llevará a cabo durante una sesión de Corte Plena, donde los candidatos expondrán sus propuestas. Para ser elegido, se requiere el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados que integran el órgano judicial. El procedimiento establece que la elección se realizará mediante votación pública, y el cargo se ejercerá por cuatro años, con posibilidad de reelección.
Damaris Vargas Vásquez, quien ocupa la presidencia en ejercicio del Poder Judicial, ha manifestado interés en fortalecer la comunicación entre las instituciones públicas, proponiendo mecanismos de diálogo con el Gobierno de la presidenta Laura Fernández para coordinar respuestas frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Patricia Solano Castro ha defendido la necesidad de reforzar la independencia judicial y mejorar la comunicación de la institución con la ciudadanía, señalando que el Poder Judicial ha tenido deficiencias en explicar su trabajo públicamente. Su candidatura se presenta en un escenario político complejo, con cuestionamientos del oficialismo y diferencias públicas entre el Ejecutivo y algunos integrantes de la Sala Tercera.
Patricia Vargas González ha identificado como prioridades la defensa de la independencia judicial, la sostenibilidad presupuestaria y la apertura de espacios de diálogo. Considera necesario escuchar distintas posiciones dentro del Poder Judicial y fortalecer la coordinación nacional para enfrentar la criminalidad organizada, además de garantizar recursos económicos suficientes.
Gerardo Rubén Alfaro Vargas ha señalado la necesidad de modernizar la gestión institucional y atender los retrasos acumulados en los despachos judiciales, destacando la mora judicial como una de sus principales preocupaciones.
La designación de la nueva presidencia ocurre en un momento de diferencias públicas entre el Poder Judicial y el Gobierno de Laura Fernández, particularmente en temas de seguridad ciudadana, presupuesto institucional y el funcionamiento del sistema judicial. Estas críticas también se presentaron durante el Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves. Las posiciones de los aspirantes reflejan distintos enfoques sobre la relación que debe mantener la Presidencia de la Corte con el Poder Ejecutivo.
El proceso electoral se abrió tras la decisión de Orlando Aguirre Gómez, magistrado de la Sala Segunda, de no buscar la reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia, concluyendo su mandato el 26 de septiembre de 2026. La salida de Aguirre abrió una disputa por el liderazgo en un momento en que el país enfrenta desafíos relacionados con la violencia, la delincuencia organizada, los recursos para la justicia y los tiempos de resolución de procesos judiciales. Aunque se mencionó al magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado como posible aspirante, no presentó su candidatura.
Fuente: Infobae
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