México | Quince familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, en Chenalhó, Chiapas, han denunciado el presunto control territorial de un grupo armado que, según los pobladores, está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acusaciones incluyen la imposición de "cooperaciones" para la compra de municiones, restricciones a la movilidad, y la presión a niños, niñas y jóvenes para consumir drogas.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera personas retenidas o un despliegue de 3 mil elementos de la Guardia Nacional en Chenalhó. Durante su conferencia matutina del martes 13 de junio, Sheinbaum afirmó haber conversado con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien revisó un video que circulaba en redes sociales sobre supuestas retenciones y aseguró que la situación ya fue atendida. La mandataria recordó que, al inicio de su gobierno, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional intervinieron en la comunidad por un conflicto interno, resolviendo problemas como el corte de energía eléctrica, y que el gobernador Ramírez ha continuado atendiendo la situación.
Las familias de Fracción Tzanembolom difundieron sus denuncias a través de un video y un comunicado dirigidos a los tres niveles de gobierno, solicitando una intervención urgente para proteger a menores, mujeres y adultos mayores. Según el comunicado, se les exige una multa de 1,500 pesos a cada persona que intenta salir de la comunidad, un monto que ya no pueden cubrir debido a que el control del grupo armado les impide trabajar y adquirir productos fuera de la localidad. También denunciaron haber sido obligados a vender bienes de familias desplazadas de la comunidad vecina de Centro Tzanembolom.
Los pobladores acusaron que quienes se niegan a acatar las órdenes del grupo armado son amenazados o asesinados. Mencionaron el homicidio de Eleuterio Arias Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2025, y afirmaron que el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó conocían el caso sin que se iniciara una investigación. También refirieron el asesinato de un adolescente de 15 años, supuestamente enterrado en la misma comunidad sin que el hecho se hiciera público. Las acusaciones se extienden a autoridades rurales de la localidad, a quienes señalaron de intimidar a los habitantes armadas.
Sobre los menores, las familias afirmaron que son obligados a consumir drogas, sin precisar el tipo de sustancia o la forma de coerción, atribuyendo esta práctica a los líderes del cártel. Además, aseguraron que el grupo armado les exige aportaciones para adquirir balas y que cinco mandos de la organización criminal reciben pagos mensuales para mantener su estructura armada.
Las familias de Tzanembolom solicitaron ayuda al gobernador Eduardo Ramírez, al fiscal general Jorge Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo Óscar Aparicio Avendaño, a la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas y a la presidenta Sheinbaum. Advirtieron que, tras hacer públicas sus denuncias, esperan amenazas.
Chenalhó, con 36,111 habitantes según el censo de 2010, tiene más del 84% de su población indígena y el 72% vive en pobreza extrema. El municipio fue clasificado con un grado de marginación muy alto por el Consejo Nacional de Población. En abril de 2026, el gobierno de Chiapas destinó 2,694 millones de pesos para atender rezagos en 12 municipios, incluyendo Chenalhó.
El municipio ya había registrado un desplazamiento forzado en septiembre de 2022, cuando un grupo armado expulsó a 200 indígenas de Santa Martha por una disputa territorial. En agosto de 2026, familias desplazadas de Centro Tzanembolom denunciaron que en Fracción Tzanembolom operaba el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de la organización Los Herrera y vinculado al CJNG, el cual reclutaba a menores de 11 y 12 años con pagos quincenales de 6 mil pesos y vendía propiedades de personas expulsadas. En Chiapas, se disputan el territorio al menos tres organizaciones criminales: el Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa), el CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala, fundado en 2022.
Fuente: Infobae
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