México | La bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca establecer criterios para la anulación de una elección debido a cobertura informativa indebida. Esta propuesta forma parte del predictamen de la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuya discusión está prevista para el próximo jueves.
El documento establece que se presumirá cobertura informativa indebida cuando la programación o los espacios informativos y noticiosos constituyan una actividad reiterada y sistemática, dirigida a influir en las preferencias electorales, en lugar de ser un ejercicio periodístico. Específicamente, el numeral 6 del artículo 86 detalla que se considerará indebida cuando sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trate de una actividad publicitaria para influir en el voto, y no de un ejercicio periodístico, en el marco de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque el proyecto define estos criterios, no especifica cómo se determinará el punto en que una cobertura deja de ser periodística para convertirse en publicidad con fines electorales. Por otro lado, el predictamen protege de la censura judicial a entrevistas, opiniones, editoriales y análisis, siempre que estos contenidos reflejen las opiniones o creencias de quienes los emiten, con el fin de salvaguardar las libertades de expresión e información y fortalecer el Estado democrático.
La propuesta es impulsada por el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo, quien preside la Comisión de Reforma Política Electoral. Este predictamen ha circulado entre los legisladores a pesar de que el proceso electoral 2026-2027 ya ha comenzado, lo que implica restricciones constitucionales para introducir modificaciones fundamentales en la materia.
El nuevo proyecto busca abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vigente desde 1996, con el objetivo de actualizar las reglas para resolver controversias electorales y simplificar los procedimientos. La propuesta señala que las violaciones graves, dolosas y determinantes en una elección deben acreditarse de manera “objetiva y material”, y retoma el criterio constitucional que presume determinante una irregularidad cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a cinco puntos porcentuales. En caso de anulación, se convocaría a una elección extraordinaria en la que la persona sancionada no podría participar.
Estos nuevos criterios de nulidad, si son aprobados, no podrían aplicarse en el actual proceso electoral, sino hasta el de 2030. Esto se debe a la prohibición normativa de realizar modificaciones en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso. La reforma a la ley secundaria ya había recibido críticas en mayo por considerarse una forma de censura hacia medios de comunicación, articulistas y reporteros.
Fuente: Infobae
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