Costa Rica | La detención de Alejandro Arias Monge, conocido como alias Diablo, el 24 de julio de 2026 en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua, reveló que las estructuras criminales en el país han ampliado sus métodos de abastecimiento de armamento. El operativo, que resultó en ocho agentes heridos tras un enfrentamiento de casi 50 minutos, puso fin a una década de fuga de Arias Monge y evidenció el uso de drones, fusiles de asalto y municiones por parte de su organización.
Las autoridades decomisaron pistolas, fusiles de asalto, más de 2.700 municiones y drones que la banda utilizaba para vigilancia y detección de movimientos policiales. Este hallazgo subraya la incorporación de equipos tecnológicos por parte de las organizaciones criminales para defender sus operaciones, controlar territorios y anticipar respuestas estatales.

Karen Jiménez, directora de la escuela de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, señaló que el mercado ilegal de armas en Centroamérica está evolucionando hacia un modelo más diversificado y difícil de controlar. Según Jiménez, las redes criminales ya no dependen de una única vía de suministro, combinando armas robadas, armamento adquirido legalmente que luego ingresa a canales criminales, piezas trasladadas por separado, ensamblaje dentro de los países, fabricación artesanal e impresión 3D.
Jiménez también indicó que Costa Rica ha pasado de una violencia armada asociada a hechos aislados a una situación marcada por la expansión de economías ilegales, disputas territoriales y la acción del crimen organizado. Las armas de fuego se han convertido en el principal instrumento de letalidad criminal, un fenómeno que la académica vincula con debilidades legales, problemas de trazabilidad, circulación regional de armas y una mayor demanda por parte de las organizaciones delictivas.

Un informe de la Fundación para la Paz y la Democracia, titulado "Violencia armada en Costa Rica: Hallazgos de una década 2014-2024", reveló que más del 77% de los homicidios registrados en ese período se cometieron con armas de fuego, caracterizando esos años como la década más violenta en la historia reciente del país.
Durante el primer semestre de 2026, las autoridades costarricenses incautaron aproximadamente 1.100 pistolas y revólveres. Esta cifra, según Jiménez, no solo refleja la presencia de armas en manos de grupos delictivos, sino también una red de abastecimiento criminal que conecta fallas institucionales, rutas regionales y estructuras delictivas con capacidad de adaptación.
Los operativos contra el narcotráfico también han puesto de manifiesto esta relación. Un ejemplo es el desmantelamiento de una organización en Puntarenas y Alajuela el 18 de junio, donde se decomisaron más de 500 kilogramos de droga, ocho armas de fuego y nueve vehículos. Este caso, que involucró a una organización que pasó del narcomenudeo al tráfico internacional marítimo de drogas, mostró que el armamento es parte de la infraestructura que sostiene estas actividades.

La cooperación regional es clave para combatir este problema. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana integran la Hoja de Ruta Centroamericana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, adoptada en 2025. Esta iniciativa busca articular políticas de prevención, investigación, rastreo e intercambio de datos para identificar armas incautadas y las redes criminales. El Salvador, por ejemplo, avanzó en julio de 2026 hacia la etapa final de su Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Armas, con el respaldo de la Secretaría General del SICA, la Organización de los Estados Americanos y el centro regional de las Naciones Unidas.
La captura de Arias Monge contó con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que patrocinó una recompensa y mantuvo una línea telefónica y correo electrónico para recibir información sobre el fugitivo. La DEA también respaldó a las autoridades costarricenses con pedidos de investigación e inteligencia, evidenciando que el combate contra estas estructuras requiere análisis balístico, rastreo de armas, inteligencia y cooperación internacional.


Fuente: Infobae
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