México | Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, fue liberado del penal de Cancún, Quintana Roo, este miércoles 14 de octubre, tras cumplir la condena impuesta por tortura contra la periodista Lydia Cacho. La información fue reportada por Periódico Central.
Rocha Laureano estuvo privado de libertad desde el 4 de diciembre de 2018. Un juez en Quintana Roo le dictó una pena de cinco años y seis meses de prisión, pero consideró que el tiempo transcurrido en reclusión antes de la sentencia ya cubría la condena.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica aclaró que la liberación del exmando policial se debe exclusivamente al cumplimiento total de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia. La organización, que ha brindado acompañamiento legal a Cacho por más de 15 años, enfatizó que el proceso penal contra otros dos presuntos responsables en el caso de tortura continúa y no debe verse afectado por esta liberación. Artículo 19 sigue esperando una sentencia justa en los procesos penales pendientes.
El excomandante fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en Puebla por la Agencia de Investigación Criminal, entonces adscrita a la Procuraduría General de la República, bajo una orden de aprehensión por tortura. En ese momento, Rocha Laureano aún formaba parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, aunque la investigación federal lo vinculaba con el operativo contra Lydia Cacho ocurrido 13 años antes. La entonces Procuraduría General de la República lo señaló por su participación en la detención, traslado y agresiones contra la periodista, ubicándolo como uno de los mandos que relevó a los policías que trasladaban a Cacho de Cancún a Puebla. Durante el proceso, Rocha Laureano permaneció recluido en Cancún, y en 2021 un juez federal le negó la libertad provisional debido a la gravedad del delito.
El caso de tortura contra Lydia Cacho se originó en diciembre de 2005, meses después de la publicación de su libro “Los demonios del Edén”. En esta obra, la periodista documentó una red de explotación sexual infantil y expuso presuntos vínculos de empresarios y políticos con dichos delitos. El empresario Kamel Nacif denunció a Cacho por difamación y calumnias en Puebla. La periodista fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún por agentes de la Policía Judicial poblana, a pesar de que el proceso legal se desarrollaba en otro estado.
Cacho fue trasladada por carretera a Puebla en un trayecto de más de 20 horas, durante el cual, según su denuncia, fue incomunicada, amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexualizada. La periodista afirmó que los agentes buscaban obligarla a retractarse de lo publicado en su libro. Años después, se difundieron conversaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, y a Nacif, en las que discutían la detención de Cacho. Estas grabaciones llevaron a que Marín fuera conocido como el “góber precioso” y motivaron una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho y se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. Marín fue detenido en febrero de 2021. En agosto de 2024, Marín obtuvo prisión domiciliaria, pero esta medida fue revocada semanas después por un tribunal federal, tras recursos de la Fiscalía General de la República y la representación legal de Cacho, lo que resultó en su reingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. En julio de 2026, Cacho desmintió versiones sobre una nueva liberación o cambio a prisión domiciliaria para Marín, confirmando que seguía recluido.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó el 31 de julio de 2018 que la detención de Lydia Cacho fue arbitraria y que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad personal, integridad, no ser sometida a tortura, libertad de expresión y no ser discriminada por razones de género. La resolución ordenó investigar los hechos de forma imparcial, pronta y exhaustiva, así como procesar, juzgar y castigar a los responsables. El caso llegó al Comité por una petición de Artículo 19 en octubre de 2014. En julio de 2021, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad y pidieron identificar a responsables directos e intelectuales, destacando el componente de género en las agresiones sufridas por Cacho.
Fuente: Infobae
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