Costa Rica | La presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, fueron denunciados penalmente el jueves 15 de octubre por presuntas irregularidades en la designación de Pablo Esteban Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, dirigida por Carlo Díaz Sánchez. El legislador busca que se investigue si las autoridades del Poder Ejecutivo incumplieron los requisitos legales para nombrar al titular de la DIS, uno de los organismos de inteligencia del Estado costarricense.
La controversia se centra en que Martínez Bertozzi, cuyo nombramiento entró en vigor el 1 de junio de 2026, presuntamente no cumple con el requisito de la Ley General de Policía de poseer, como mínimo, el grado de comisionado. Casa Presidencial reconoció que el funcionario no ostenta ningún rango policial.
Trejos considera que esta situación podría constituir el delito de nombramientos ilegales, tipificado en el artículo 344 del Código Penal. La denuncia solicita investigar la posible responsabilidad de quienes participaron en el procedimiento administrativo, incluyendo a Rodrigo Chaves por su rol en el proceso y a Laura Fernández en su calidad de presidenta de la República. También se busca determinar si ambos jerarcas conocían la ausencia del requisito antes de que el nombramiento se hiciera efectivo.
El artículo 65 de la Ley General de Policía establece que los directores de cuerpos policiales deben tener al menos el grado de comisionado, y los subdirectores, el de comandante. Aunque la normativa reconoce que son cargos de libre nombramiento y remoción, el diputado argumenta que esta facultad no exime del cumplimiento de las condiciones legales exigidas.
Uno de los fundamentos de la denuncia es una respuesta oficial de Casa Presidencial a CR Hoy, del 14 de agosto de 2026, donde el Gobierno confirmó que el director de la DIS carecía de rango policial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo defendió la legalidad del nombramiento basándose en el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS. Este último permite que la Dirección General sea ocupada por un profesional en un área relacionada o una persona con experiencia e idoneidad técnica en seguridad.
Trejos sostiene que un reglamento no puede anular un requisito establecido por ley y ha solicitado a la Fiscalía que determine si las disposiciones invocadas por el Gobierno justifican la designación. La investigación también deberá establecer si existieron informes jurídicos o estudios técnicos que respaldaran la decisión administrativa. Martínez Bertozzi es abogado y fue asesor presidencial durante la administración de Rodrigo Chaves.
La denuncia también incluye documentación del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), específicamente el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026, del 4 de septiembre de 2026. Según el legislador, este documento explica el procedimiento para reconocer grados policiales y proporciona una lista de funcionarios con rangos de comisionado y comandante, en la cual Martínez Bertozzi no figura. Ante esto, Trejos pidió a la Fiscalía obtener una certificación oficial para verificar si Martínez Bertozzi contaba con el grado de comisionado al asumir el cargo, y en caso afirmativo, cuándo y por qué autoridad fue otorgado.
Adicionalmente, la controversia abarca una reforma reglamentaria de la administración anterior. El 11 de julio de 2024, Rodrigo Chaves, entonces presidente, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia, firmaron el Decreto Ejecutivo 44637-MP. Este decreto modificó disposiciones sobre el otorgamiento de grados policiales en la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI), permitiendo que el presidente y el ministro de la Presidencia otorguen grados policiales mediante acuerdos ejecutivos bajo ciertas condiciones. Trejos cuestiona si este procedimiento puede usarse para conferir rangos de manera discrecional sin una recomendación técnica previa y ha solicitado investigar si el Poder Ejecutivo recurrió a este mecanismo para otorgar o reconocer algún grado policial a Martínez Bertozzi antes o después de su nombramiento. La denuncia no afirma que se haya utilizado este procedimiento, sino que pide verificar su posible aplicación.
Fuente: Infobae
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