México | La designación de carteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado nuevos riesgos legales, civiles y migratorios para las empresas con operaciones en México. Claire O’Neil-Macclesky, cofundadora de Clarity Compliance Consulting y exfuncionaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., explicó en una entrevista con InsightCrime las implicaciones de esta medida.
Según O’Neil-Macclesky, esta clasificación añade un riesgo que no existía previamente, ya que las empresas pueden enfrentar sanciones penales por brindar apoyo material consciente a estos grupos. La definición de apoyo material es amplia e incluye armas, dinero, suministros y asesoría técnica. Además, existe la posibilidad de demandas civiles por parte de víctimas del terrorismo contra compañías acusadas de colaborar con estos grupos.
Una consecuencia migratoria directa es que cualquier persona considerada miembro de un cartel designado puede ser deportada de Estados Unidos, lo que afecta tanto a ejecutivos como a empleados de empresas que operan en territorio mexicano. La especialista señaló que el pago de extorsiones o la colaboración con intermediarios locales, una práctica común para proteger empleados y mantener operaciones, ahora se equipara con brindar apoyo material al terrorismo, lo que conlleva un riesgo penal adicional a las sanciones financieras ya existentes.
O’Neil-Macclesky destacó que un problema significativo para las empresas es la falta de conocimiento sobre si sus subcontratistas o proveedores de logística realizan pagos de extorsión sin su consentimiento, lo que complica el cumplimiento normativo en las cadenas de suministro. Las industrias más expuestas en México incluyen la minería, el transporte de carga transfronterizo, el sector petrolero y la agricultura.
La dificultad para identificar con certeza la procedencia de las amenazas de extorsión, a menudo recibidas por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, es otro desafío. Esta incertidumbre dificulta la toma de decisiones sobre si una situación específica activa el riesgo legal asociado a las nuevas designaciones.
La especialista también mencionó que los carteles mexicanos están profundamente integrados en negocios legítimos, a diferencia de grupos yihadistas. Esta integración obliga a reconsiderar la efectividad de los controles financieros tradicionales contra el crimen organizado mexicano. La falta de información sobre la titularidad real de compañías mexicanas también representa una barrera para las empresas.
Las grandes corporaciones e instituciones financieras en México ya invierten recursos en investigaciones y priorizan el riesgo vinculado a los carteles. Sin embargo, otras empresas con menor exposición directa tienden a abordar los problemas a medida que surgen, lo que O’Neil-Macclesky atribuye a la percepción de una aplicación impredecible de las sanciones y a la presión económica sobre los equipos de cumplimiento. La especialista anticipa nuevas designaciones de redes vinculadas a los carteles mexicanos y la posibilidad de acciones civiles o penales contra empresas por apoyo material en los próximos meses, aunque estos casos suelen tardar años en concretarse.
Fuente: Infobae
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