Costa Rica | El Gobierno de Costa Rica enfrenta un déficit de ingresos públicos cercano a los ₡400.000 millones (equivalente a USD 882,5 millones), lo que ha llevado al Ministerio de Hacienda a proponer ajustes presupuestarios para el cierre del año 2026. Estos ajustes se presentan en un presupuesto extraordinario que incluye recortes de gasto por aproximadamente ₡167.000 millones (USD 368,4 millones), movimientos entre partidas, reducciones en diversas instituciones y la eliminación de plazas vacantes.
Los viceministros de Hacienda, Luis Molina y Víctor Julio Carvajal, expusieron los detalles de esta propuesta ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Durante su comparecencia, defendieron la necesidad de estos recortes ante la disminución de los ingresos.
Diputados de oposición han cuestionado la planificación financiera del Gobierno, señalando que la recurrencia de reducciones presupuestarias de montos elevados sugiere problemas en la planificación. La diputada liberacionista Diana Murillo manifestó que, si bien es necesario ajustar el gasto cuando los ingresos disminuyen, la frecuencia y magnitud de estos recortes generan interrogantes sobre la gestión. Murillo también sugirió que proponer recortes es la "parte más fácil" y que el Gobierno debería presentar alternativas para evitar los faltantes presupuestarios.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los legisladores de oposición se centra en las posibles afectaciones al Poder Judicial. La diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, cuestionó que se exijan mayores resultados al sistema judicial mientras se plantean restricciones presupuestarias que podrían limitar su capacidad operativa, especialmente en un contexto de alta carga de trabajo. Román vinculó esta preocupación con las disposiciones presupuestarias propuestas para 2027, que podrían restringir nuevos nombramientos.
Asimismo, los diputados manifestaron inquietud por las posibles reducciones en programas sociales, buscando determinar si los recortes afectarían servicios esenciales para poblaciones que dependen de recursos estatales. Este debate subraya la dificultad de reducir el gasto público sin comprometer servicios prioritarios.
El proyecto de presupuesto extraordinario continuará su análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El Ministerio de Hacienda deberá demostrar que las modificaciones propuestas permiten afrontar la disminución de ingresos sin afectar desproporcionadamente las funciones de las instituciones públicas. Los diputados de oposición, por su parte, han insistido en la necesidad de revisar la planificación financiera y aclarar las consecuencias de las reducciones en el Poder Judicial, los programas sociales y la disponibilidad de personal. Este debate se enmarca en el esfuerzo de las autoridades por controlar el endeudamiento y evitar nuevos compromisos de gasto sin financiamiento adecuado.
Fuente: Infobae
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