Argentina | El caso conocido como “Cuadernos” ha puesto de manifiesto las deficiencias en el sistema de control institucional del país, según un análisis presentado en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación, que reveló una red de corrupción en la obra pública, no fue inicialmente detectada por las entidades encargadas de la fiscalización, sino que emergió a partir de las anotaciones de un chofer y la posterior labor periodística.
Durante años, se documentó la circulación de dinero en efectivo en bolsos por Buenos Aires, involucrando a funcionarios y empresarios. Esta rutina se desarrollaba en edificios y avenidas conocidas, a pesar de la existencia de múltiples organismos de control como la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General, la Oficina Anticorrupción, la AFIP, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, además de fiscalías especializadas y controles internos en empresas.
La pregunta central que surge es por qué, con toda esta arquitectura de control, nadie documentó estas actividades en un expediente o informe. Se plantean varias razones para esta falla. Una es la “captura del regulador”, donde los organismos de control dependen, en nombramientos o presupuesto, de aquellos a quienes deben fiscalizar. Otra es la fragmentación, donde cada entidad supervisa solo una parte del proceso, permitiendo que la corrupción opere en los espacios entre una ventanilla y otra. La tercera razón, considerada la más preocupante, es la naturalización de la corrupción, donde el “retorno” en la obra pública era un secreto a voces conocido por diversos actores, generando un silencio colectivo.
El proceso de investigación periodística del caso Cuadernos implicó una cuidadosa verificación de los datos. Las anotaciones del chofer, que incluían fechas, horarios, direcciones, patentes, nombres y montos, fueron cotejadas con información externa, como direcciones de empresas, agendas públicas de funcionarios y registros de eventos de la época. La credibilidad del material se basó en la coincidencia de cientos de detalles aparentemente irrelevantes con la realidad comprobable.
Una decisión clave fue llevar el material a la Justicia antes de su publicación. Esta estrategia permitió que, al momento de la publicación de la investigación el 1 de agosto de 2018, ya se estuvieran realizando detenciones y allanamientos. Esta secuencia, poco común, contribuyó a que empresarios y exfuncionarios decidieran declarar como arrepentidos, ya que la sorpresa y el silencio inicial impidieron la preparación de defensas coordinadas.
El caso ha enfrentado diversas objeciones y demoras. Siete años después de los hechos, el juicio oral comenzó ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Durante este tiempo, surgieron narrativas que cuestionaban la existencia o validez de los cuadernos, aunque muchos de los implicados reconocieron los hechos ante la justicia. La lentitud del proceso judicial envía un mensaje negativo a la sociedad, sugiriendo que el sistema tiene paciencia con los poderosos.
Se advierte que la corrupción no desaparecerá, sino que se adaptará. Las futuras manifestaciones podrían no involucrar bolsos de efectivo, sino que se presentarían en documentos como pliegos de licitación a medida, concesiones renegociadas en silencio, privatizaciones con precios preestablecidos o compras directas justificadas por emergencias prolongadas. Se enfatiza la necesidad de que abogados y organizaciones civiles actúen proactivamente para detectar y denunciar estas nuevas formas de corrupción, sin esperar a que surja un nuevo “chofer” o “cuadernos”.
Fuente: La Nación Argentina
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