Guatemala | El Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desplegaron 700 efectivos en los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, ubicados en la frontera con México, desde el jueves 15 de octubre. El objetivo es recuperar el control territorial frente a la presión de estructuras del crimen organizado que buscan el retiro de posiciones militares estratégicas.
La operación, que podría extenderse entre 15 y 20 días, se inició tras ataques con armas de fuego que interrumpieron la actividad escolar y causaron la muerte de un soldado. Más de 400 militares y cerca de 300 agentes ingresaron a la zona el 15 de octubre, instalando puestos de control, realizando patrullajes a pie y motorizados, y desplegando equipos de investigación criminal, según informó Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones de la PNC.
Las investigaciones buscan determinar la participación de organizaciones delictivas guatemaltecas o mexicanas en los ataques contra pobladores y fuerzas de seguridad. También se intenta identificar a quienes utilizan fusiles de alto poder y rifles con miras de precisión para disparar desde la distancia contra comunidades rivales y personal militar.
La violencia escaló el 13 de octubre, obligando a suspender las clases presenciales en el cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda, en la aldea Tuichán. El Ministerio de Educación dispuso la continuidad de las clases a distancia mediante guías de trabajo y acompañamiento educativo. Cinco días antes, el 8 de octubre, el soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador falleció por un disparo en la cabeza mientras resguardaba una posición militar en la elevación conocida como “tres mil”, en el municipio de El Tumbador. El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, atribuyó el ataque a un francotirador, y el Ministerio Público inició diligencias para esclarecer los hechos.
El Ministerio de la Defensa sostiene que grupos criminales buscan el retiro de un búnker construido junto con el Ministerio de Gobernación en un punto limítrofe entre Guatemala y México. Informes de inteligencia militar vinculan estas presiones con organizaciones relacionadas con el Cartel de Sinaloa, que pretenden la salida de los soldados de Tajumulco e Ixchiguán.
El conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán se remonta a 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a municipio sin una delimitación precisa de sus fronteras con Tajumulco. Esta disputa territorial, que ha generado desplazamientos de familias y enfrentamientos por tierras y nacimientos de agua, se ha entrelazado con los intereses del narcotráfico debido a la fertilidad de los terrenos para el cultivo de amapola y marihuana, y la proximidad con México, convirtiendo la zona en una ruta para el trasiego de drogas.
La Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad señaló que el enfrentamiento del 13 de octubre ocurrió cuando pobladores de la aldea Villa Real, en Tajumulco, intentaban destruir búnkeres en la aldea Tuichán, en Ixchiguán. La comisión advirtió que el crimen organizado ha aprovechado la disputa para reclutar habitantes para el microtráfico de drogas y que los choques armados funcionan como un “distractor” para las operaciones de narcotráfico en la frontera. Ante el agotamiento de las posibilidades de diálogo directo, se propuso trasladar el caso al Consejo Nacional de Seguridad, contemplando la participación del Organismo Judicial para allanamientos y una posible declaratoria de Estado de Sitio.
La Gobernación Departamental de San Marcos indicó que la presencia militar y policial busca “garantizar el orden y la tranquilidad” y generar condiciones para retomar el diálogo y la gobernabilidad. Sáenz afirmó que las operaciones militares han afectado el traslado de estupefacientes, aunque reconoció que las estructuras criminales no han sido debilitadas sustancialmente. El ministro señaló que el Gobierno buscará actuar de forma más directa contra estos grupos e impedir el traslado de droga hacia México. El Ministerio de la Defensa informó en la red social X sobre los patrullajes y puestos de control conjuntos con la PNC en San Marcos para reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales.
Fuente: Infobae
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