Venezuela | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela validó este jueves el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, declarando su conformidad constitucional. Esta decisión permite que el Parlamento continúe con el trámite para debatir y aprobar la modificación de la normativa.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 a solicitud del entonces presidente Nicolás Maduro, quien buscaba medidas contra mensajes que el oficialismo vinculó con las protestas antigubernamentales de ese año. La legislación fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, mientras operaba en paralelo al Parlamento, que en ese momento tenía mayoría opositora. La ley contempla penas de hasta 20 años de prisión por los denominados “delitos de odio”.
Desde su implementación, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han cuestionado la ley, solicitando su derogación al considerar que se utiliza para silenciar voces críticas. La ONG Espacio Público denunció en 2023 que la ley ha sido empleada como una herramienta para “perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”. Por su parte, la ONG Foro Penal reportó este mes que al menos 927 personas han sido acusadas de “incitación al odio” desde 2017.
Asimismo, la ONG Cecodap informó que 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 por delitos previstos en esta ley. Este período coincidió con la crisis política posterior a las elecciones presidenciales de 2024, tras denuncias de fraude por parte de la oposición ante la reelección de Maduro.
La iniciativa de reforma parcial surgió después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la solicitara en septiembre al Parlamento, que está controlado por el chavismo y presidido por su hermano, Jorge Rodríguez. En ese momento, Delcy Rodríguez reconoció que las autoridades aplicaron la norma de forma incorrecta y abusiva, lo que concuerda con las denuncias presentadas durante años por organizaciones no gubernamentales y dirigentes opositores.
El 6 de octubre, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, anunció la creación de una comisión para reformar la Ley contra el Odio. Infante adelantó que se trabajará en la despenalización de la ley y en “algunas definiciones necesarias” para asegurar su “correcta aplicación”. Explicó que la ruta definida incluirá el encuentro, el debate y la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana, buscando el encuentro con víctimas y afectados del odio, la violencia, y aquellos que fueron afectados por la implementación inadecuada de la ley.
El 29 de septiembre, Delcy Rodríguez se refirió a la aplicación de la norma y admitió que hubo abusos, declarando que “lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”. A pesar de esto, manifestó su creencia en los principios de la ley, como la tolerancia y el amor en el relacionamiento, y llamó a “sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia”.
Fuente: Infobae
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