Bolivia | La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha advertido que Bolivia se ha transformado en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga, con la participación de organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia que colaboran con estructuras locales. Mónica Mendoza, representante de la Unodc en Bolivia, indicó que el país ya no es solo un productor de materia prima y una ruta de tránsito, sino que la actividad criminal ha integrado narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal en una dinámica coordinada.
Mendoza destacó la expansión en el país del Cartel Jalisco Nueva Generación de México, así como del Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho de Brasil. También mencionó la presencia de grupos de Perú y Colombia. La funcionaria señaló que las cárceles bolivianas han registrado la detención de individuos de estas nacionalidades, vinculados a las estructuras de mando de dichas redes. Según Mendoza, la presencia de estos carteles internacionales opera con la anuencia y el consenso de organizaciones locales.
Esta situación se ha relacionado con un aumento de asesinatos por encargo, especialmente en áreas cercanas a la frontera con Brasil. Estos ataques, que se han repetido en los últimos meses, han llevado al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y unidades de élite para reforzar la seguridad en esas zonas. Mendoza explicó que estos incidentes reflejan disputas territoriales entre los grupos criminales.
El último informe de la Unodc sobre cultivos de coca reveló un incremento del 7% en la superficie cultivada, pasando de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 hectáreas en 2025. Bolivia se posicionó como el tercer productor mundial de hoja de coca, detrás de Colombia (261.000 hectáreas en 2024) y Perú (84.546 hectáreas en 2025). Aunque la hoja de coca tiene usos tradicionales y ancestrales en Bolivia, Mendoza alertó que el crecimiento de los cultivos ocurre en un contexto donde las redes transnacionales han ampliado sus operaciones, definiendo la convergencia de delitos como un "holding" criminal con actividades y recursos conectados.
Durante las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las autoridades negaron la operación de carteles o grandes jefes del narcotráfico en territorio boliviano, atribuyendo la actividad ilegal a emisarios y clanes locales. Sin embargo, la administración del presidente Rodrigo Paz ha reconocido la presencia del crimen organizado transnacional y ha defendido las medidas adoptadas, citando la detención en marzo del uruguayo Sebastián Marset, quien fue posteriormente enviado a Estados Unidos.
Mendoza consideró que el caso Marset evidenció que el narcotráfico no operaba a un nivel reducido, y que su captura rompió una "narcopaz", un período en el que las organizaciones distribuían rutas, tareas y zonas de influencia sin confrontaciones visibles para la población. La funcionaria también advirtió sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales, afirmando que existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado en Suramérica, lo que genera redes de corrupción para frenar investigaciones y persecución penal.
Estas declaraciones se producen tras la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de presuntamente proteger al "narcoterrorismo". Mendoza sostuvo que negar la infiltración institucional facilita la instalación del narcotráfico y dificulta la recuperación de esos organismos. La representante de Naciones Unidas instó a una respuesta integral contra el narcotráfico, que incluya acciones contra las estructuras, las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones, así como la aprobación de normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, y un aumento en las sentencias judiciales relacionadas con el narcotráfico.
Fuente: Infobae
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