Colombia | Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del clan Herrera, ha ofrecido su colaboración a las autoridades para la identificación de propiedades y presuntos testaferros vinculados a la organización. Herrera Buitrago afirma haber entregado un listado de aproximadamente 1.000 bienes y ha solicitado al presidente Abelardo de la Espriella que los activos que sean legalmente incorporados al Estado colombiano se destinen a fines sociales, específicamente para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ha impuesto medidas cautelares sobre 42 bienes del clan Herrera, con un avalúo preliminar superior a los 44.900 millones de pesos. Estas acciones forman parte de un proceso de extinción de dominio. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó el embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de estos inmuebles y otros activos, ubicados en Cali (Valle del Cauca) y otras ciudades colombianas, con el apoyo del Ejército Nacional.
La Fiscalía ha señalado que los bienes fueron ocultados, transformados y administrados a través de personas y empresas en diversos sectores como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. Esta red, según la entidad, buscaba dar apariencia de legalidad a los activos y sustraerlos del control de las autoridades.
Herrera Buitrago, quien ha sido condenado tanto en Estados Unidos como en Colombia, dirigió una carta a De la Espriella expresando su disposición a contribuir a la “reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”. En el documento, solicitó que la Presidencia acompañe las acciones estatales para recuperar los activos y propuso que, si la justicia los incorpora definitivamente al Estado mediante extinción de dominio, puedan tener una destinación social para la reconstrucción.
La versión de Herrera sobre el origen de los operativos difiere de la explicación institucional. Mientras la Fiscalía atribuye las medidas a rastreos patrimoniales y operaciones financieras, Herrera sostiene que la información que él entregó será crucial en futuros procesos contra otros bienes. El inventario que Herrera dice haber proporcionado incluye fincas, casas, apartamentos, locales comerciales y sociedades en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Estos activos estuvieron vinculados a la estructura dirigida por Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los cabecillas del cartel de Cali.
En su carta, Herrera también aclaró que no tiene vínculos con William Herrera López ni con una nueva generación de sobrinos Herrera en relación con los bienes y hechos de su colaboración. Insistió en que las propiedades fueron adquiridas con dinero del narcotráfico y que su posesión generó una disputa violenta entre grupos delincuenciales.
Investigadores de extinción de dominio han advertido que la verificación de este universo patrimonial requerirá la revisión de registros notariales y mercantiles de más de 30 años, así como de sociedades que han desaparecido o cambiado de integrantes. La complejidad aumenta con los bienes ubicados fuera de Colombia y la necesidad de establecer, caso por caso, si corresponden medidas judiciales. La ocupación de los 42 activos actuales representa una fracción del listado que Herrera afirma haber entregado, y la recuperación de los demás bienes dependerá de procesos que identifiquen su origen, titulares actuales y situación jurídica antes de que puedan pasar al patrimonio público.
Fuente: Infobae
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