Nicaragua | Ocho personas que viajaron a Managua para reclamar el cuerpo del dirigente miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal, se encuentran desaparecidas desde el 31 de mayo. La hija del líder indígena, Tininiska Rivera, exiliada por seguridad, confirmó que 140 días después no hay información sobre el paradero de sus familiares ni acusaciones judiciales públicas en su contra.
Brooklyn Rivera, líder histórico del movimiento indígena, murió el 30 de mayo de 2026 en un hospital de Managua, tras permanecer casi tres años como preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue capturado el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi y su paradero y estado de salud se mantuvieron ocultos durante 971 días. El 27 de mayo de 2026, el Gobierno difundió fotografías de Rivera en un hospital, visiblemente deteriorado, y cuatro días después anunció su muerte.
Una llamada telefónica la noche del 30 de mayo informó a los familiares que Rivera había fallecido y que el Gobierno entregaría sus restos. Esto motivó el viaje de parientes y allegados desde la Costa Caribe con la intención de trasladar el cuerpo a Lidaukra, su comunidad natal, para ser velado y enterrado junto a su madre, según su última voluntad.
Sin embargo, al llegar a Managua, las autoridades cambiaron los planes. Según Tininiska Rivera, les mostraron el cadáver de su padre en el hospital, pero se negaron a entregarlo, anunciando que el Gobierno organizaría una ceremonia religiosa en la Iglesia Morava y lo sepultaría en Managua. Esta decisión ignoraba los deseos de la familia y las tradiciones miskitas.
La negativa gubernamental provocó una discusión. Los familiares insistieron en la voluntad de Rivera de ser enterrado en Lidaukra y manifestaron que no participarían en un funeral organizado sin su consentimiento. Entre los funcionarios presentes, según Tininiska, estaban Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
La discusión tuvo lugar en la vivienda de Nancy Henríquez, dirigente indígena de Yatama. Cuando el grupo se disponía a retirarse, la policía fue llamada y los ocho fueron detenidos. Desde entonces, no han regresado a sus hogares ni se han comunicado con sus familias. Tampoco existe una resolución judicial que explique las detenciones.
Entre los desaparecidos, la familia ha identificado a Alda López Bryan, Kurney Valle Bushy, Jorbis Hendy López, Glenis Panting Coleman, Florencia Sarmiento y Jorge Webster Rojas. Los nombres de Juan Modesto Wilson Kinsman y Noela Solórzano Denis también figuran en reportes sobre el caso. Tininiska Rivera precisó que cuatro de los detenidos son familiares directos suyos.
Familiares de los desaparecidos han buscado información en dependencias policiales de Managua, el complejo de Auxilio Judicial conocido como El Chipote y el Sistema Penitenciario La Modelo, sin obtener reconocimiento oficial de las detenciones ni información sobre su destino. La persecución también afectó a Waylandin Rivera, hijo del dirigente, quien tuvo que ocultarse en Managua tras recibir advertencias de posible detención.
Organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la situación. Amnistía Internacional exigió el 1 de junio la entrega digna de los restos de Rivera y el respeto a los deseos del fallecido y las tradiciones de su pueblo, advirtiendo sobre la responsabilidad estatal ante represalias contra sus familiares. El cuerpo de Brooklyn Rivera permanece sepultado en Managua.
El 3 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron un comunicado conjunto denunciando la desaparición de familiares y allegados de Rivera. Exigieron una investigación independiente sobre su muerte, una autopsia transparente y la devolución de los restos a la familia. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, y José Aylwin, vicepresidente de la FIDH, pidieron la liberación inmediata de los detenidos y una investigación sobre la muerte de Rivera.
El 5 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Rivera bajo custodia estatal y las detenciones. La CIDH señaló que el régimen Ortega-Murillo negó la entrega del cuerpo y detuvo arbitrariamente a varios reclamantes, cuyo paradero se desconoce. El organismo exigió al Estado garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, liberar a los detenidos por motivos políticos y respetar el derecho de la familia a la verdad.
Fuente: Infobae
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