Colombia | El Gobierno nacional ha solicitado una intervención coordinada de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida busca investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y en la contratación, según anunció la Presidencia de la República.
La solicitud fue instruida directamente por el presidente Abelardo de la Espriella y tiene como objetivo que las investigaciones se desarrollen con seguimiento desde Bogotá. Esto, según el Ejecutivo, busca mitigar posibles presiones locales y facilitar el avance de los procesos relacionados con las denuncias de corrupción.
Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, explicó que la decisión surge a raíz de denuncias que el presidente escuchó durante una visita al archipiélago. Los habitantes habrían reportado obras inconclusas, deficiencias en servicios públicos y presuntas fallas en los organismos de control locales. Lombana señaló que estas quejas no se limitan a un único episodio, sino que involucran hechos en diversas entidades y momentos, sugiriendo la existencia de patrones en la contratación pública.
La secretaria describió un posible esquema donde ciertos contratistas concentrarían adjudicaciones a través de procesos que favorecerían repetidamente a los mismos participantes. También alertó sobre la posible influencia de intereses particulares en decisiones políticas y administrativas, así como interferencias en los organismos encargados de vigilar el uso de los recursos públicos.
La petición del Gobierno incluye tres medidas: coordinar las investigaciones desde Bogotá, solicitar a la Procuraduría que ejerza su poder preferente y a la Contraloría que aplique el control excepcional, además de conformar un grupo especial para reunir y examinar las denuncias. Lombana justificó la centralización de los procesos para protegerlos de posibles presiones, afirmando que la desconfianza no es hacia los isleños, sino hacia "tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla".
El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, defendió la postura de su administración, indicando que "no confundan la diplomacia de mi gobierno, con complicidad". La Presidencia también enfatizó que la distancia geográfica no debe ser una barrera para las investigaciones ni una garantía de impunidad. Lombana hizo un llamado a los ciudadanos con información sobre irregularidades a que acudan a las autoridades y aseguró el respaldo del Gobierno a servidores públicos y empresarios que actúen legalmente.
Fuente: Infobae
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