Costa Rica | El país superó en 2025 el umbral de su bono demográfico, una etapa caracterizada por una proporción favorable de población en edad de trabajar. Esta situación obliga a prestar mayor atención al envejecimiento de la población, la sostenibilidad de las pensiones y los sistemas de protección social.
Esta información se desprende del estudio "Perspectivas de Centroamérica y República Dominicana 2030", elaborado por el Proyecto Estado de la Región del Programa Estado de la Nación. La investigación analiza las condiciones de desarrollo de los países centroamericanos y República Dominicana, así como los principales retos que enfrentarán en los próximos años. El estudio examina 36 indicadores sociales, demográficos, económicos, políticos y ambientales, utilizando información del período 2000-2024 y proyecciones hasta 2030.
Uno de los hallazgos principales es que Costa Rica atraviesa una etapa demográfica distinta a la de otros países centroamericanos, con una población que avanza hacia una mayor proporción de adultos mayores. Mientras que naciones como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala alcanzarían su punto más alto de oportunidad demográfica alrededor de 2030, Costa Rica ya superó ese umbral en 2025. Panamá llegaría a esa etapa cerca de 2030, y República Dominicana mantendría su bono demográfico hasta aproximadamente 2040.
Esta transición hacia una población más envejecida en Costa Rica incrementa la importancia de asegurar sistemas de pensiones sostenibles, servicios de cuidados y mecanismos de protección social adecuados. El informe subraya que la evolución demográfica debe ser considerada al establecer políticas públicas relacionadas con empleo, desarrollo económico y bienestar social. Durante el bono demográfico, una mayor proporción de personas en edad laboral puede aumentar la producción y fortalecer el capital humano. Sin embargo, al cerrarse esta ventana, las necesidades de la población cambian, y los sistemas para atender a los adultos mayores adquieren mayor relevancia. El estudio identifica la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el cuidado y la protección social como aspectos que requieren especial atención en Costa Rica, lo que también resalta la importancia de mantener condiciones que favorezcan la participación laboral y la generación de ingresos para financiar programas sociales.
A pesar de estos desafíos, el análisis también reconoce avances de Costa Rica en comparación con otros países de la región. El país lidera la inversión pública en educación por habitante en Centroamérica. En contraste, Nicaragua registró en 2023 una inversión educativa de 77,1 dólares anuales por habitante, la más baja de los países estudiados. Las proyecciones indican que, si las tendencias se mantienen, Nicaragua necesitaría más de cuatro siglos para alcanzar el nivel de inversión educativa per cápita actual de Costa Rica y más de un siglo y medio para llegar al promedio latinoamericano.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana lograron aumentar su inversión social por habitante en los últimos 23 años, a diferencia de otras naciones con rezagos significativos. No obstante, los investigadores advierten que la región aún enfrenta limitaciones para ampliar la cobertura y calidad de servicios como educación, salud y protección social, especialmente en sectores de menores ingresos.
En el ámbito económico, Costa Rica figura entre las naciones de la región que experimentaron un aumento considerable de su producción por habitante en el presente siglo. El estudio indica que Costa Rica, Panamá y República Dominicana multiplicaron entre 1,9 y 2,5 veces su producto interno bruto (PIB) real per cápita desde principios de siglo. Este desempeño contrasta con el de países del centro y norte de Centroamérica, que tuvieron crecimientos más modestos. Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un crecimiento económico promedio anual del 2,7% durante el período analizado, superior al 1,2% del resto de América Latina y el Caribe, aunque la expansión económica no ha sido uniforme.
En materia ambiental, Costa Rica destaca por la recuperación de su cobertura forestal. Mientras Belice, Panamá y Honduras registraron reducciones de sus territorios boscosos desde el año 2000, Costa Rica y República Dominicana lograron ampliarlos. De mantenerse las tendencias, ambas naciones serían las únicas de la región en llegar a 2030 con una cobertura forestal superior a la de 2024. Sin embargo, el panorama ambiental regional presenta desafíos, como la disminución de la disponibilidad de agua dulce por habitante en todos los países hacia 2030 y un proyectado incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el transporte como un sector clave a atender.
El informe también examina las condiciones democráticas, alertando sobre tendencias que podrían debilitar los mecanismos de control, la rendición de cuentas y la protección de derechos y libertades. Aunque Costa Rica es una referencia democrática regional, las proyecciones identifican riesgos para sus indicadores de libertad de prensa, con posibles disminuciones si las tendencias actuales se mantienen. La situación proyectada es más crítica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde los indicadores de libertad de prensa se acercarían a niveles mínimos o nulos hacia 2030. Estas estimaciones son escenarios basados en tendencias históricas y no representan resultados inevitables.
Fuente: Infobae
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