Colombia | Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración de Daniel Quintero, ha expuesto presuntas irregularidades en la contratación de la entidad y ha señalado la supuesta influencia del comerciante de oro Johny Armando Jaramillo Montoya en el manejo de recursos públicos. El testimonio de Toro, entregado a la Fiscalía en febrero de 2024, fue conocido por Noticias Caracol el 18 de octubre de 2026.
Según la exfuncionaria, Jaramillo intervenía en asuntos clave del Inder desde una oficina ubicada en el décimo piso del edificio Ofix, en Medellín, donde operaba una comercializadora de oro vinculada al empresario. Toro afirmó que operadores y representantes de ligas deportivas acudían a este lugar para gestionar asuntos relacionados con la entidad, declarando que “Todo el mundo que quisiera hacer algo en el Inder se presentaba en Ofix”.
Los señalamientos de Toro también involucran al exalcalde Daniel Quintero, a su hermano Miguel Quintero y a personas que habrían intervenido en contratos ejecutados mediante Metroparques. Entre los asuntos mencionados se encuentran un convenio para actividades deportivas y recreativas, la contratación de Cyan Eventos y los apoyos económicos entregados al equipo de baloncesto Tigrillos.
La exdirectora sostuvo que Jaramillo actuaba como intermediario en las negociaciones con operadores que buscaban contratar con el Inder. Además, afirmó que el empresario habría dicho haber aportado $1.000 millones a la campaña de Daniel Quintero y que, a cambio, habría solicitado el control de la Secretaría de Educación o del Inder si el candidato ganaba las elecciones. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la exfuncionaria.
Uno de los puntos centrales de la investigación es un convenio interadministrativo entre el Inder y Metroparques, por $22.000 millones, destinado a eventos recreativos, deportivos y de actividad física. La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la justificación y el análisis presupuestal del convenio, así como en la selección de Cyan Eventos para ejecutar los servicios, señalando posibles sobrecostos cercanos a los $4.000 millones. Toro describió este procedimiento como una cadena de contratación en la que Metroparques recibía los recursos del Inder y luego contrataba a Cyan Eventos. La exdirectora mencionó que los operadores “primero se reunían siempre con Johny, digamos que a cerrar el negocio”, y que Yuberth Antonio Ordóñez Vergara, jefe de la oficina jurídica del Inder, y Juan Camilo Londoño Barrera, contratista de la entidad y posteriormente representante a la Cámara, participaban en las gestiones posteriores.
Toro fue imputada en octubre de 2024 por presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según Caracol Radio. En ese proceso, también fueron imputados Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo, representante legal de Cyan Eventos y Logística. Toro se declaró inocente, y la imputación no constituye una condena.
Otro señalamiento de Toro se refiere a la supuesta utilización de trabajadores y contratistas del Inder para favorecer la campaña política de Juan Camilo Londoño. La exfuncionaria afirmó que Jaramillo, con la participación de Londoño y Ordóñez, habría promovido reuniones políticas y exigido a los trabajadores diligenciar un formulario con información personal y familiar. Según su declaración, quienes no asistían a las reuniones podían ser despedidos y posteriormente se les solicitaba dinero. Londoño fue elegido representante a la Cámara por Antioquia en 2022, con cerca de 29.000 votos, y durante la administración de Quintero fue contratista del Inder.
La exdirectora también identificó los recursos destinados al equipo de baloncesto Tigrillos como un motivo de desacuerdo con Jaramillo y de su posterior salida del cargo. Según Toro, Jaramillo le habría comunicado que compraría el equipo, anteriormente conocido como Academia de la Montaña, y después de la adquisición, comenzaron las solicitudes de recursos públicos para financiarlo. Las peticiones aumentaron progresivamente, de $300 millones a $2.000 millones. Toro cuestionó estas solicitudes, argumentando que el Inder necesitaba dinero para otras actividades, como los juegos escolares. La investigación periodística estableció que el equipo recibió apoyos por $3.100 millones durante la administración de Quintero. De este monto, Toro firmó dos convenios por $800 millones, su sucesor, Carlos Mario Romero, entregó $1.200 millones, y la exsubdirectora Isabella Luna Mesa autorizó otros $300 millones. Toro afirmó que algunos integrantes del equipo no recibían sus pagos a pesar de los apoyos económicos, asegurando que “La plata que se le daba a Tigrillos no estaba llegando a Tigrillos y a sus funciones”.
La exfuncionaria agregó que informó sus inquietudes al entonces alcalde Daniel Quintero y al secretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Según su relato, después de esa conversación, Restrepo habría llamado la atención a Jaramillo y le habría pedido retirar de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con el club.
Los señalamientos sobre Jaramillo coinciden con investigaciones periodísticas de Caracol Radio sobre las actividades de Golden Platino Colombia S. A. S., una comercializadora de oro vinculada al empresario. En un informe de septiembre de 2026, el medio señaló que la Fiscalía tenía testimonios y documentación sobre un presunto esquema de lavado de activos relacionado con recursos que habrían provenido de hechos de corrupción durante la administración de Quintero. Golden Platino Colombia registró ingresos por $83.139 millones en 2020 y $112.000 millones en 2021, con una disminución a $39.744 millones en 2022 y $307 millones en 2023. También se informó sobre Scaling Up Zen Mile Gold S. A. S., otra comercializadora de oro y minerales matriculada en 2020, que compartió dirección con Golden Platino Colombia y entró en liquidación en 2025. En septiembre, Caracol Radio informó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó información al FBI relacionada con posibles operaciones de envío de oro y criptomonedas al exterior que presuntamente habrían involucrado recursos provenientes de hechos de corrupción. Las investigaciones buscan establecer si existió una conexión entre la contratación pública, los recursos destinados a actividades deportivas y las operaciones comerciales de las empresas señaladas.
Fuente: Infobae
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