Colombia | La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación fiscal para determinar si un contrato destinado a la restauración de arrecifes coralinos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina generó un detrimento patrimonial para el Estado. El monto bajo escrutinio asciende a $3.000.841.596, provenientes del Fondo Nacional Ambiental.
El proceso busca esclarecer el manejo de estos recursos y la ejecución de las actividades contratadas, que tenían como objetivo recuperar y fragmentar arrecifes afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo. La investigación involucra a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la Asociación de Municipios de la Costa y la organización Escudo Ambiental de Colombia.
Entre las irregularidades preliminarmente identificadas por el organismo de control se encuentran labores de restauración que, aparentemente, no se ejecutaron o quedaron inconclusas en relación con las metas contractuales. También se detectaron posibles inconsistencias en los documentos que respaldan los gastos, lo que podría indicar una falta de correspondencia entre los desembolsos y las actividades realizadas.
Un aspecto que ha llamado la atención de los investigadores son los pagos relacionados con viajes a Bahamas, los cuales, según la Contraloría, no estarían debidamente justificados dentro del marco del proyecto de recuperación de arrecifes. Además, se investigan aparentes indicios de fragmentación y posible direccionamiento contractual mediante alianzas entre entidades locales y asociaciones externas.
La Contraloría ha vinculado al proceso a servidores públicos y extrabajadores que habrían participado en decisiones administrativas relacionadas con el contrato. La investigación fiscal deberá establecer si hubo un daño al patrimonio público, cómo se produjo y quiénes serían los responsables.
El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, afirmó que la entidad continuará fortaleciendo la vigilancia y el control fiscal sobre los recursos destinados a la conservación ambiental en el archipiélago. Esta investigación se suma a otros cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en San Andrés. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía activar mecanismos de intervención e investigación, incluyendo la conformación de un grupo conjunto externo con sede en Bogotá para proteger los procesos de posibles influencias locales. La Fiscalía, por su parte, mantiene activas al menos 33 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en diversas entidades del archipiélago.
Fuente: Infobae
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