Colombia | El Presupuesto General de la Nación de 2027 podría ser adoptado con base en el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso, a pesar de una presunta irregularidad en la votación del artículo 65. Así lo señalaron el senador Carlos Meisel, María Clara Posada y Enrique Gómez, quienes argumentan que la discrepancia no debería afectar la totalidad del proyecto.
La controversia surgió a raíz de la denuncia de la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien indicó que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones distintas del artículo 65 durante el trámite presupuestal, que concluyó en la madrugada del martes 20 de octubre. Según Hernández, el Senado aprobó el artículo en su redacción original, mientras que la Cámara incorporó dos parágrafos adicionales. Esta diferencia, a su juicio, habría requerido una conciliación entre ambas corporaciones, pero el plazo legal para la aprobación del presupuesto vencía ese mismo día.
El senador Carlos Meisel defendió la aprobación del presupuesto en la plenaria del Senado, afirmando que no hubo errores ni vicios en ese proceso. Sostuvo que, si se confirma la diferencia en la Cámara, esta no invalidaría las etapas previas del trámite legislativo. En tal caso, el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas quedaría disponible para su adopción mediante decreto. Meisel añadió que esta versión fue resultado de una construcción colectiva con el Gobierno nacional y representaba, según sus cálculos, el 95% del contenido votado posteriormente. El senador instó a evitar que la controversia genere mayor incertidumbre sobre el futuro del proyecto y respaldó los acuerdos alcanzados durante su elaboración.
Por su parte, María Clara Posada argumentó que la discrepancia en el artículo 65 no debería invalidar los demás apartados del Presupuesto 2027. Explicó que, de los 98 artículos del proyecto, la diferencia se concentra en uno solo y que, en todo caso, es subsanable. Posada citó como precedente el trámite del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro en 2024, donde la Corte Constitucional ordenó subsanar el procedimiento relacionado con artículos que presentaban diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara. Según su interpretación, los artículos que habían sido aprobados de manera coincidente por ambas corporaciones se mantuvieron vigentes, basándose en el Auto A-705 de 2024 y la Sentencia C-448 de 2024. A partir de este precedente, Posada planteó que los 97 artículos del presupuesto que no presentan la discrepancia denunciada podrían conservar su validez, aunque la Corte Constitucional tendría la última palabra si la ley es demandada.
Posada también sugirió alternativas jurídicas para resolver la situación del artículo 65. Una opción sería que el Gobierno sancione el presupuesto sin incluir el contenido añadido por la proposición aprobada en la Cámara de Representantes. Si esta alternativa no prospera, la Corte Constitucional podría ordenar subsanar el trámite legislativo del artículo 65 o declarar su inexequibilidad. Insistió en que estas posibilidades no implicarían necesariamente la invalidez de los otros artículos aprobados de manera coincidente por el Senado y la Cámara. Sus declaraciones constituyen una interpretación sobre las posibles salidas jurídicas, y la validez de la disposición y el procedimiento a seguir dependerán de las decisiones de las autoridades competentes.
Enrique Gómez también se pronunció, afirmando que el Presupuesto 2027 no se caería por la diferencia detectada entre las votaciones de las dos cámaras. Según Gómez, el presupuesto se adoptaría por decreto con el texto aprobado en sesión conjunta por las comisiones económicas del Congreso. El congresista también mencionó el recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluido en el texto al que hizo referencia.
La denuncia de Esmeralda Hernández se centra en que, durante la plenaria del Senado, el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, retiró una proposición que buscaba modificar el artículo 65 y la dejó como constancia. Sin embargo, la senadora sostuvo que, a pesar de esa decisión, la versión aprobada en la Cámara incluyó la proposición y dos parágrafos adicionales, lo que, a su juicio, hacía cuestionable que el proyecto continuara su trámite sin una conciliación entre los textos. El artículo en cuestión se refiere a las operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de precios del petróleo, combustibles líquidos y la tasa de cambio, y la posibilidad de asumir sus costos con cargo al servicio de la deuda pública si los fondos disponibles son insuficientes.
Fuente: Infobae
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