Colombia | El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha reconocido la existencia de "hechos graves de corrupción" durante la administración del presidente Gustavo Petro. Cepeda afirmó que la colectividad política tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones a la sociedad colombiana respecto a estos sucesos.
En un video publicado tras recientes revelaciones, Cepeda declaró: “En nuestro gobierno se presentaron hechos de corrupción que son hechos, yo diría, graves. Y, frente a eso, tenemos que dar la cara, ya la hemos dado, pero tenemos que dar las explicaciones necesarias”. El senador también señaló que, aunque considera que ha habido manipulación y distorsión por parte de los opositores para exacerbar ciertas situaciones, la corrupción es el problema más serio que han enfrentado en estos años.

Entre los hechos que han generado escrutinio se encuentra el denominado "Pacto de Valledupar". Este documento, fechado el 24 de octubre de 2025, surgió de reuniones en la capital del Cesar entre delegados del entonces gobierno de Gustavo Petro y exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La FM divulgó el texto, que ha sido objeto de denuncias por parte de Salvatore Mancuso sobre supuestas presiones para declarar contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
La lista de asistentes a estas reuniones incluyó a Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias Macaco), Freddy Rendón (alias el Alemán) y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40). El apartado de seguimiento y compromisos inmediatos del documento establecía que el Estado colombiano estudiaría mecanismos legales para quienes participaron en el cierre del proceso de Ralito. Estos mecanismos incluían la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en centros de reclusión y la acumulación jurídica de penas.

Los antiguos integrantes de las autodefensas también solicitaron explorar la excarcelación de los gestores de paz detenidos, revisar sus condiciones de reclusión y evaluar sus condiciones de seguridad física. Los gestores de paz debían actualizar sus planes de trabajo en un plazo de diez días hábiles después de las sesiones, identificando las tareas necesarias para aplicar los compromisos acordados.
Cepeda enfatizó que, sin importar quién ocupe la Casa de Nariño, es un deber del Pacto Histórico y de otros grupos sociales denunciar e impulsar iniciativas para erradicar la corrupción en el país. Aseguró que el proyecto político que busca liderar no tolera actos que perjudiquen al Estado colombiano ni a sus ciudadanos, y que su futuro será de lucha contra la corrupción.

Fuente: Infobae
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