Costa Rica | La presidenta Laura Fernández Delgado está considerando una reforma a la legislación sobre armas de fuego para imponer penas de prisión más severas a quienes porten ilegalmente armamento de guerra. Esta iniciativa se inspira en medidas adoptadas en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.
Fernández reveló haber conversado con el presidente salvadoreño sobre las dificultades para mantener detenidas a personas sorprendidas con fusiles, armas largas y municiones de alto calibre. Según la mandataria, uno de los problemas actuales en Costa Rica es que los individuos arrestados con armamento ilegal recuperan su libertad rápidamente debido a las penas vigentes.
La presidenta explicó que Bukele le detalló cómo El Salvador modificó sus sanciones para castigar con mayor severidad la portación de armas de guerra, estableciendo condenas equivalentes a la mitad de las correspondientes a un homicidio simple, considerando la peligrosidad del armamento. Fernández citó a Bukele diciendo que “una persona que porta armas AK-47, un grupo de pistolas, municiones, es porque está dispuesta a usarlas”.
El equipo de Fuerza Élite de Costa Rica ya está analizando la posibilidad de implementar una reforma similar, aunque cualquier modificación deberá adaptarse al marco jurídico nacional. Fernández enfatizó que las sanciones deben reflejar el riesgo que implica la circulación de armas de alto calibre entre grupos criminales, afirmando que “quien porte armas de guerra de grueso calibre tiene que ir a prisión preventiva y tiene que tener mano dura en la condena”.
Este anuncio surge después de que el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informara sobre un operativo antidrogas en Osa, Puntarenas, donde se decomisaron más de 500 kilogramos de droga y se detuvo a dos costarricenses. Durante esta operación, las autoridades encontraron armas fabricadas con tecnología de impresión 3D. Campos señaló que estas armas “no dejan rastro, no dejan huella y funcionan igual que un arma convencional”, lo que representa un nuevo desafío para las fuerzas policiales.
Desde el 8 de mayo de 2026, las autoridades costarricenses han retirado de circulación más de 870 armas de fuego en diversos operativos. La presidenta Fernández vinculó el 75% de los homicidios en Costa Rica a enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado que utilizan armas ilegales. Considera que endurecer las sanciones por la portación de este tipo de armamento podría ser una herramienta para prevenir delitos violentos.
Fernández diferenció entre quienes poseen un arma legalmente con permiso vencido y quienes transportan fusiles de guerra o armamento para actividades criminales, indicando que ambas situaciones requieren tratamientos legales distintos. La propuesta se encuentra en fase de estudio y aún no existe un texto legislativo definitivo ni se han establecido las nuevas penas.
Fuente: Infobae
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