Mundo | Estados Unidos ha revocado las visas a más de 60 altos cargos, exfuncionarios y políticos de Colombia y Bolivia, acusándolos de tener vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Esta acción, anunciada por el Departamento de Estado, se enmarca en una campaña de la Administración de Donald Trump contra el crimen organizado en la región.
En Colombia, la medida afecta a figuras como Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa enfrenta investigaciones penales por su gestión en Ecopetrol y su rol en la campaña de Petro. El Departamento de Estado indicó que esta decisión apoya al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos por erradicar la influencia criminal.
Otros colombianos incluidos en la lista son Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; el senador electo Wadith Manzur, quien no asumió su cargo debido a una orden de detención; y la representante a la Cámara Karen Manrique, detenida por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). También se mencionan a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, y al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Colombia se unió a la alianza Escudo de las Américas tras la asunción de De la Espriella en agosto.
En Bolivia, la restricción de visas impacta a 40 ciudadanos, incluyendo 15 cargos o excargos públicos y 25 de sus familiares directos. Entre los nombres divulgados públicamente están el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y el exfiscal Armando Rojas. También figuran el juez Julio Alba Flores, el magistrado Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa ciudad, Julio César Porras Velarde. Rony Suárez Milliet, investigado en relación con el narcotraficante Sebastián Marset, también está en la lista.
Desde septiembre, Estados Unidos ha revocado visas a decenas de jueces, fiscales y policías bolivianos por corrupción judicial o nexos con el narcotráfico. Esta ofensiva ya resultó en la detención de un exfiscal general del país. Otros sancionados bolivianos incluyen al exfiscal Félix Balderas; el excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck; la exdirectora general de Migración Katherine Calderón; el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz; el exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco; el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza, y los diputados Rafael López y Rolando Pacheco.
El Departamento de Estado afirmó que la Administración Trump respalda al gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo. Esta medida se suma a la adoptada el 28 de septiembre, cuando Washington retiró la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca, quien fue acusado de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes y posteriormente detenido por la policía boliviana.
La lucha contra el narcotráfico en las Américas ha sido una prioridad de la política exterior de Trump desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de cocaína, y el principal destino de las exportaciones colombianas.
Fuente: Infobae
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