Colombia | Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, continuará ahora su trámite en las plenarias de ambas corporaciones, tras la decisión tomada la noche del miércoles 21 de octubre.
El proyecto busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, relacionada con el orden público. Su objetivo es establecer un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales abandonen actividades ilícitas y se sometan a las autoridades judiciales. La propuesta establece que el Gobierno no realizará negociaciones políticas con estas estructuras y que los beneficios jurídicos estarán condicionados a compromisos específicos.
Entre las condiciones para acceder a los beneficios se incluyen la entrega de armas, la colaboración con la justicia, el suministro de información y la entrega de bienes. El exministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa, señalando que permite la desmovilización de estructuras criminales sin crear una jurisdicción especial. Lara enfatizó que los beneficios dependerán del cumplimiento de estas condiciones, que también abarcan la identificación de fuentes de financiación ilegal, rutas delictivas y posibles vínculos con redes de corrupción.
Además, el proyecto contempla obligaciones para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, evitar el reclutamiento de menores y apoyar labores de desminado humanitario. Durante la discusión, se añadieron compromisos para facilitar la liberación de personas secuestradas y menores reclutados.
En cuanto a los beneficios penales, el texto aprobado en primer debate prevé reducciones de hasta el 50% de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30% para quienes ejerzan funciones de mando. Estas sanciones se determinarán según los delitos cometidos y el Código Penal vigente. El acceso a estos beneficios estará supeditado al cumplimiento de las obligaciones del mecanismo de sometimiento. El proyecto también precisa que el tratamiento penal diferenciado no modifica las penas accesorias ni las inhabilidades para cargos de elección popular, y no implica el reconocimiento de carácter político a los actores armados.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, abordó las preocupaciones sobre los bienes de testaferros y colaboradores, aclarando que la iniciativa no busca favorecerlos. Explicó que la información sobre los bienes entregados será verificada por la Fiscalía General de la Nación y que las personas en este apartado no obtendrían beneficios antes de tres años. Los bienes recibidos deberán destinarse a reparar a las víctimas. Cancino aseguró que el proyecto no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender órdenes de extradición.
En materia de derechos de las víctimas, se incorporaron disposiciones sobre la protección de su intimidad y confidencialidad, así como asesoría y representación judicial a través de la Defensoría del Pueblo y acceso a información sobre los avances de las investigaciones.
La iniciativa recibió críticas de congresistas como Rafael Nieto del Centro Democrático, quien cuestionó que quienes delinquen puedan recibir beneficios judiciales. La senadora Carolina Corcho del Pacto Histórico expresó preocupación de que se otorguen beneficios a narcotraficantes, lavadores de activos y testaferros sin exigir resultados suficientes en el desmantelamiento de las estructuras. Otros cuestionamientos se centraron en los controles para conceder beneficios, el alcance de las facultades del Gobierno, el impacto fiscal y los procedimientos para verificar las listas de integrantes.
Frente a estas críticas, el ministro Cancino defendió el proyecto, afirmando que no es un escenario de impunidad y que habrá investigación efectiva, sanción y condena para los beneficiarios. El proyecto, que llegó al Congreso con 27 artículos, continuará su trámite legislativo bajo mensaje de urgencia. La Ley 418 de Orden Público, cuya vigencia está próxima a vencer, debe ser prorrogada antes de la primera semana de noviembre de 2026, específicamente antes del 4 de noviembre, lo que imprime urgencia al trámite legislativo.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí