Colombia | La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado al gobierno de Abelardo de la Espriella la instrucción de gestionar la extradición del exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez desde Canadá. Bustos Martínez fue condenado por su implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga.
La solicitud, contenida en el oficio 7975 del 21 de octubre de 2026, fue firmada por el magistrado Gerson Chaverra Castro y dirigida al ministro de Justicia, Iván Cancino González. El documento pide iniciar las actuaciones ante las autoridades canadienses para localizar, capturar y obtener la entrega del exfuncionario, quien se presume reside en Ontario u Ottawa, en compañía de familiares.
Contra Bustos Martínez existe una orden de captura y se ha solicitado una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención. La Corte Suprema enfatizó que la pena impuesta al exmagistrado no ha prescrito, manteniendo vigente la obligación de ejecutar la condena.
Para sustentar la petición de extradición, la Corte Suprema invocó el principio de reciprocidad, dado que Colombia ha concedido extradiciones a Canadá. También se refirió al Tratado de Extradición entre Colombia y el Reino Unido de 1888, aplicable bilateralmente entre Colombia y Canadá mediante un intercambio de notas de 1934.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Gobierno ya ha comenzado a activar los trámites necesarios para cumplir la orden judicial. Aseguró que su despacho intervendrá de inmediato cuando corresponda dentro del procedimiento.
José Leónidas Bustos Martínez fue condenado el 20 de febrero de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a más de 10 años de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y una multa de $133.738.170. La condena fue confirmada el 14 de octubre por la Sala de Casación Penal, quedando en firme.
El alto tribunal concluyó que Bustos Martínez participó en una estructura de corrupción que intervenía en procesos judiciales a cambio de dinero, buscando favorecer a personas investigadas. La investigación se inició en 2017, tras la remisión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de grabaciones que mencionaban posibles actos de corrupción relacionados con procesos contra congresistas.
Debido a su condición de exmagistrado y fuero especial, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inició una investigación preliminar en agosto de 2017, abriendo formalmente el proceso el 26 de octubre de ese año. En 2019, la Cámara lo acusó, y en 2021, el Senado admitió la acusación. Las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fueron clave en el proceso.
Bustos Martínez, quien fue presidente de la Sala de Casación Penal en dos ocasiones, fue señalado de participar en una red que ofrecía intervenir en procesos de congresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton a cambio de dinero. Entre las acciones atribuidas al exmagistrado se encuentran gestiones relacionadas con órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones y dilaciones procesales.
La Corte Suprema sostuvo que la conducta de Bustos afectó la confianza en la administración de justicia y en las instituciones judiciales. En la decisión de segunda instancia, advirtió que la permanencia del condenado fuera del alcance de las autoridades colombianas compromete la ejecución de la pena y deja pendiente la respuesta institucional del Estado frente al daño causado por la corrupción judicial.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí