Bolivia | Estados Unidos ha impuesto nuevas restricciones de visa a 40 ciudadanos bolivianos, incluyendo diputados, fiscales, jueces y exautoridades policiales, por su presunta vinculación con actividades de corrupción y narcotráfico. De este grupo, 15 personas han sido identificadas públicamente, mientras que el resto son familiares inmediatos.
La lista, divulgada por el Departamento de Estado de EE. UU., incluye a individuos que ocupan o han ocupado cargos en instituciones clave del Estado boliviano, como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Migración y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Entre los 15 señalados se encuentran los diputados Rafael Darío López y Rolando Santos Pacheco; el exfiscal general Juan Lanchipa; el exfiscal departamental de Beni, Félix Balderas; y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde.
La nómina también incluye a Diego Alejandro Barboza, director de la UIF; Aldo Ismael Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Fernando Velasco, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Felcn en el aeropuerto internacional de Viru Viru; y Freddy Pereira, excomandante de la Policía de Tarija.
Completan la lista Óscar Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Segip en Santa Cruz; Katherine Calderón, exdirectora general de Migración; José Ayaviri, exjuez penal; Armando Rojas, exfiscal de La Paz; Rony Suárez Milliet, investigado por presuntos lazos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset; y Julio Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Esta medida se suma a una lista previa de bolivianos con restricciones similares, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, quien estaba en funciones. Las restricciones también se extienden a los familiares de los afectados.
El Gobierno estadounidense justificó estas acciones afirmando que las personas incluidas socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio a través de la corrupción o el narcotráfico. Washington añadió que la administración del presidente Donald Trump apoya al Gobierno de Rodrigo Paz en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal en las instituciones.
Tras el anuncio, el presidente Paz minimizó la importancia de la sanción, cuestionando la atención política y mediática en este tipo de anuncios frente a los problemas cotidianos de la población. Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, adoptó una postura más institucional, asegurando que el Gobierno no ofrecerá protección a nadie y que los funcionarios señalados serán cesados de sus cargos. Gálvez indicó que la sanción de Estados Unidos coincide con la política de la administración de Paz, bajo la cual algunos de los casos ya estaban siendo investigados. “No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano”, afirmó.
El nuevo listado ha generado diversas reacciones en Bolivia. Jorge Quiroga, jefe de la bancada de Libre, solicitó el alejamiento del diputado Rafael López, miembro de su partido. Aldo Quezada renunció a la presidencia del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, y el vicepresidente Edmand Lara anunció que los legisladores señalados serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara baja.
Fuente: Infobae
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