El Salvador | Un 70% de las entidades obligadas en el país opera sin herramientas automáticas para combatir el lavado de dinero, lo que las deja vulnerables ante el uso de nuevas herramientas financieras por parte de organizaciones delictivas. Esta situación afecta principalmente a pequeños negocios, firmas inmobiliarias e importadoras, que supervisan sus transacciones de forma manual o con hojas de cálculo básicas, según Walter Morales, especialista en finanzas y riesgos y director de la consultora Yancor Coaching & Mentory.
Morales explicó que las organizaciones criminales han encontrado en los activos digitales, como monedas virtuales y transferencias por billeteras móviles, una vía para movilizar dinero ilícito. Aunque estas herramientas agilizan los pagos cotidianos, también facilitan que las redes criminales oculten el origen de sus fondos si las compañías carecen de controles adecuados.
El especialista señaló que solo cerca del 30% del sector, dominado por bancos de capital internacional, cuenta con sistemas automatizados para evaluar riesgos. En contraste, el 70% restante, que incluye lotificadoras, importadoras, firmas de bienes raíces y pequeños operadores de activos virtuales, carece de esta tecnología preventiva.
Según Morales, el problema no radica solo en el costo de la inteligencia artificial, sino también en la cultura de gestión de datos. Para implementar la automatización, es fundamental estructurar los registros internos y capacitar al personal para que detecte patrones fraudulentos.
Uno de los mecanismos utilizados por los delincuentes es el reclutamiento de personas con ingresos escasos o deudas elevadas para que presten sus cuentas corrientes o billeteras electrónicas. Estas personas, conocidas como “mulas financieras”, reciben depósitos que luego transfieren a otros destinos o al exterior a cambio de pagos. Morales indicó que la mayoría de quienes caen en estas trampas no dimensionan la gravedad del delito que cometen. En un operativo reciente con 296 órdenes de captura, el 70% de los imputados fueron mujeres.
Además, se ha observado el fraccionamiento de dinero mediante remesas familiares y aplicaciones de pago, donde se dividen montos pequeños, de 150 a 400 dólares, hacia destinatarios sin lazos de parentesco. También proliferan empresas ficticias que contratan a personas locales como presuntos directivos o representantes legales para encubrir actividades ilícitas.
La normativa salvadoreña impone obligaciones rigurosas a las compañías, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales, que exige resguardar la identidad de los usuarios. Aunque la figura del delegado de protección fue suprimida, las exigencias y sanciones penales siguen vigentes para las entidades privadas. El marco legal también abarca la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, relacionada con la ciberseguridad, y la Ley de Prevención, Control y Sanción del Delito de Lavado de Activos. Morales recomendó auditorías independientes periódicas para verificar los protocolos antes de la intervención de las autoridades estatales.
Fuente: Infobae
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