El Salvador | La emergencia nacional por sequía meteorológica y agrícola entró en vigencia en todo el territorio salvadoreño con la publicación del decreto en el Diario Oficial del 7 de octubre de 2026. La medida tendrá una duración inicial de seis meses y podrá prorrogarse si el presidente de la República la solicita ante la Asamblea Legislativa.
El decreto vincula la situación con el riesgo generado por la sequía meteorológica y agrícola asociada al fenómeno climático El Niño. Según el texto, las altas temperaturas y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos han tenido efectos irregulares en distintas zonas del país y han afectado los medios de vida de la población. A partir de esa declaratoria, las autoridades deberán priorizar la seguridad alimentaria y nutricional, con atención especial a los sectores afectados.
La emergencia también dispone acciones para prevenir daños en la producción nacional, en particular en la agricultura, la agroindustria y la ganadería. El Estado deberá activar las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, así como los mecanismos de coordinación departamental y municipal, para atender las consecuencias de la sequía. Además, se ordenan medidas para mitigar impactos sobre la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas.
En materia administrativa y financiera, la normativa faculta a las instituciones gubernamentales a administrar y trasladar recursos para prevenir y reducir los efectos de la emergencia, conforme a la legislación vigente. El presidente coordinará con la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres la ejecución del Plan Nacional de Protección Civil y tendrá a cargo la coordinación de la cooperación internacional, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
El decreto asigna tareas específicas: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asumirá lo relacionado con el resguardo de la seguridad alimentaria y nutricional y el almacenamiento de alimentos, mientras que la logística para distribuir asistencia humanitaria quedará bajo responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los cuerpos de socorro deberán prestar apoyo en las actividades vinculadas con la emergencia.
La declaratoria fue aprobada el 7 de octubre, aunque legisladores salvadoreños consideraron que llegó tarde. La diputada de la fracción de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que el país conocía desde abril el riesgo asociado al fenómeno del Súper Niño y afirmó que la comunidad científica y las instituciones que monitorean el clima a nivel internacional ya habían alertado sobre graves sequías en El Salvador. Por su parte, el diputado Francisco Lira, de ARENA, recordó que en agosto presentó una propuesta para que el MAG elaborara un diagnóstico sobre el déficit hídrico en cultivos de granos básicos y ganadería, así como un plan de abastecimiento y reserva estratégica, créditos, seguros y reestructuración de deudas para agricultores. Esa iniciativa solo obtuvo dos votos, indicó. Lira también pidió elevar el bono agrícola de USD $75 a USD $200, propuesta que recibió tres votos en un pleno conformado por 60 legisladores.
Fuente: Infobae
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