Bolivia | Los exfiscales generales Roger Mariaca y Juan Lanchipa han sido objeto de restricciones de visa por parte de Estados Unidos, que los vincula con presuntos actos de narcotráfico y corrupción. Estas medidas se enmarcan en una ofensiva estadounidense contra autoridades y exfuncionarios bolivianos.
A finales de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la primera lista de restricciones, incluyendo a Mariaca, a quien acusó de facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. Dos días después de este anuncio, Mariaca fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz. El Gobierno boliviano lo señala de liderar una “organización criminal” dentro de la Fiscalía, dedicada a “proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.
Roger Mariaca, de 38 años, fue fiscal departamental de Santa Cruz antes de ser elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general. Su designación, aprobada por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa con apoyo de todas las bancadas, generó sospechas de compra de votos, aunque estas acusaciones no fueron probadas.
Posteriormente, el Gobierno de Donald Trump difundió nuevas restricciones migratorias que incluyeron a Juan Lanchipa, quien ocupó el cargo de fiscal general entre 2018 y 2024, durante las administraciones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce. La inclusión de Lanchipa en esta lista amplía el alcance de las medidas del Departamento de Estado sobre la cúpula del Ministerio Público boliviano.
La gestión de Lanchipa, predecesor de Mariaca, fue cuestionada por la independencia de la Fiscalía y el manejo de casos de alto perfil político. Elegido con el voto mayoritario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2018, Lanchipa adaptó su accionar a los cambios políticos. Tras la caída de Evo Morales en 2019 y durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, impulsó procesos contra exautoridades del MAS, encarceló ministros y emitió una orden de aprehensión contra Morales por sedición y terrorismo.
Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Áñez, relató en una entrevista con radio Erbol su desconfianza hacia Lanchipa al inicio del gobierno interino, a lo que el entonces fiscal respondió: “A sus completas órdenes el Ministerio Público”. Meses después, con el retorno del MAS al poder en noviembre de 2020 bajo la presidencia de Luis Arce, los procesos penales contra Morales fueron archivados por la misma Fiscalía, y se abrieron juicios contra autoridades del gobierno interino. Bajo la gestión de Lanchipa, fueron encarcelados la expresidenta Áñez y dos de sus ministros, entre otros exfuncionarios.
La nueva lista de Estados Unidos también incluye a diputados, fiscales, jueces y otros funcionarios y exfuncionarios de alto rango en Bolivia. Washington argumenta que estas restricciones están dirigidas a individuos que, a través de presuntos actos de corrupción o actividades ligadas al narcotráfico, socavan las instituciones democráticas de la región.
El caso de ambos exfiscales plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones bolivianas para prevenir redes de protección al narcotráfico dentro del aparato estatal, en un momento en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos en seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Fuente: Infobae
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