Costa Rica | La Fiscalía Adjunta de Probidad de Santa Cruz ha iniciado una investigación sobre una posible organización criminal vinculada a permisos de construcción y concesiones en zonas costeras, que involucra al alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, a su hijo, Jorge Arturo Alfaro Molina, a funcionarios municipales y a representantes de una empresa constructora.
La pesquisa se centra en la obtención de beneficios indebidos a través de trámites relacionados con la Zona Marítimo Terrestre, un área regulada por el Estado. Las autoridades buscan determinar si hubo gestiones irregulares para favorecer concesiones y permisos en terrenos de interés turístico y comercial.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la posición del alcalde y las relaciones personales y comerciales de su hijo con los empresarios habrían facilitado acercamientos con quienes resolvían los trámites. La investigación deberá establecer si estos contactos resultaron en decisiones administrativas irregulares.
Además del alcalde y su hijo, la causa incluye a un asesor del alcalde, al jefe de Planificación Urbana y a dos inspectores de la Municipalidad de Santa Cruz. También figuran Sergio José Canales Solís y André Canales Cárcamo, representantes de Constructora Masorati S.A.
Uno de los vínculos bajo revisión es la sociedad Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A., donde Alfaro Molina presidía la junta directiva, Canales Solís era secretario y Canales Cárcamo ocupaba el cargo de tesorero, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La línea de investigación sugiere que los involucrados habrían utilizado sociedades mercantiles para obtener concesiones sobre terrenos costeros, para luego vender sus acciones o ceder los derechos concedidos a terceros por sumas elevadas.
El expediente se inició a partir de una denuncia anónima sobre presuntas anomalías en expedientes tramitados ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. El denunciante afirmó haber recibido archivos de audio en los que, supuestamente, el alcalde y su hijo hablaban sobre la obtención y comercialización de derechos relacionados con concesiones.
El auditor interno de la Municipalidad declaró haber recibido información anónima sobre la cercanía entre Alfaro Molina y representantes de una constructora, así como un crecimiento patrimonial que consideró desproporcionado y el uso aparente de un vehículo vinculado con personas relacionadas con esas empresas.
La Sección de Anticorrupción del OIJ concluyó preliminarmente que existían elementos que apuntaban a relaciones personales, comerciales y societarias entre el hijo del alcalde y los empresarios investigados. Esta valoración forma parte de una pesquisa en curso y no representa una declaración de responsabilidad penal.
La Fiscalía analiza posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito. La figura de organización criminal también forma parte de la hipótesis del Ministerio Público, que deberá reunir pruebas para definir las responsabilidades de cada persona investigada.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realizó cuatro allanamientos en instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, oficinas de una constructora y dos viviendas. Durante los operativos, se decomisaron dispositivos electrónicos y documentos para su examen.
La Municipalidad de Santa Cruz ha señalado que colaborará con las autoridades judiciales y ha solicitado que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. El alcalde no respondió a las consultas del medio, mientras que su hijo indicó que no podía atender a los medios.
Fuente: Infobae
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