México | La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México participa activamente en tres convenciones internacionales destinadas a la prevención y combate de la corrupción, además de mantener una cooperación técnica y bilateral con diversos organismos y gobiernos extranjeros. Estas acciones buscan cumplir con los compromisos internacionales del país, fortalecer las capacidades institucionales e intercambiar soluciones con otras naciones.
Según un comunicado de Buen Gobierno, emitido el 25 de octubre, la institución ha intervenido en más de 36 foros internacionales y espacios especializados en integridad pública y combate a prácticas indebidas desde su creación.
La agenda mexicana incluye la participación en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En estos foros multilaterales, la Secretaría promueve medidas de sanción contra conductas indebidas y mecanismos de prevención de riesgos de corrupción. Sus temas prioritarios abarcan la integridad empresarial, los conflictos de interés, la regulación del cabildeo, la protección de datos personales y las contrataciones públicas como instrumento de desarrollo.
La cooperación técnica se extiende a organismos de América, Europa y Naciones Unidas, incluyendo la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la OEA, la ONU, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Esta colaboración implica el intercambio de conocimientos, metodologías y herramientas para prevenir riesgos de corrupción, impulsar la innovación gubernamental y profesionalizar el servicio público.
En el ámbito bilateral, México comparte experiencias con 14 países: Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Específicamente, con Francia, el trabajo se enfoca en la formación de servidores públicos, el desarrollo de capacidades directivas, la ética y la modernización administrativa. Con Chile, la cooperación se centra en el control gubernamental, las contrataciones públicas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar los mecanismos de supervisión.
La agenda también contempla la participación de servidores públicos en capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización, con el objetivo de conocer experiencias de otros países y evaluar su aplicación en las instituciones mexicanas. Buen Gobierno ha señalado que estas acciones son parte de su compromiso para utilizar la cooperación internacional en la prevención de la corrupción, la protección de los recursos públicos y el fortalecimiento de una administración pública íntegra.
En otro contexto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el 18 de octubre sobre la revocación de la autorización a cinco Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) debido a su vinculación con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Los siete proveedores investigados validan aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional, y el procedimiento administrativo para retirar la autorización de dos proveedores adicionales sigue en curso. Las empresas sancionadas son Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital. La Secretaría continúa con la supervisión y los procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal para prevenir y sancionar operaciones fiscales simuladas.
Asimismo, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reportó el 22 de septiembre que 1 millón 532 mil 699 servidores públicos presentaron su declaración patrimonial en 2026, lo que representa un 97.7% del personal obligado y una cifra récord. Poco más del 2% aún no ha entregado el documento requerido por el artículo 108 de la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los registros se realizaron a través de la plataforma DeclaraNet, permitiendo a las autoridades revisar los bienes, ingresos e intereses de los funcionarios para identificar posibles inconsistencias. Buenrostro vinculó este alto nivel de cumplimiento con las 1.3 millones de capacitaciones obligatorias sobre ética e integridad impartidas por la dependencia en dos años de administración a través de una escuela virtual. La declaración patrimonial concentra información sobre inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, deudas e ingresos, y su omisión constituye una falta administrativa.
Fuente: Infobae
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