Nicaragua | La activista nicaragüense Berta Valle denunció la desaparición forzada de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua y exigió pruebas de vida para quienes permanecen bajo custodia estatal sin que sus familias conozcan su paradero.
Valle, quien preside la Fundación para la Libertad de Nicaragua y es codirectora del Equipo de Apoyo a Presos Políticos del World Liberty Congress (WLC), hizo la denuncia el 21 de octubre durante un panel en la Freedom Tower de Miami, Estados Unidos. El evento fue organizado por el National Endowment for Democracy (NED) en el marco de la entrega del premio Champion of Democracy al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart.
Según informó el medio La Mesa Redonda, la activista alertó sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y sobre los casos de personas que, tras ser detenidas, permanecen incomunicadas y fuera del alcance de sus familiares, abogados o médicos.
Valle mencionó que en Nicaragua se realizaron redadas el 14 y 15 de julio en varias ciudades. Organizaciones civiles intentaron identificar a los detenidos, pero el temor de los familiares y la falta de información oficial dificultaron esta labor.
Citando datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, Valle indicó que al 24 de septiembre había al menos 68 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 53 eran hombres y 15 mujeres. De este total, 31 estaban desaparecidas. La activista sugirió que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias evitan denunciar públicamente las detenciones por temor a represalias. Además, afirmó que una parte de los apresados no fue presentada ante un tribunal.
Durante su intervención, Valle declaró: “En Nicaragua no hay presos con proceso, hay rehenes. La dictadura los captura de noche, los oculta durante meses y niega a sus familias hasta el derecho de saber si están vivos”. Atribuyó la falta de información sobre los detenidos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando que las personas habrían sido privadas de libertad sin que las autoridades informaran su ubicación, estado de salud o los cargos en su contra.
La representante de la Fundación para la Libertad de Nicaragua describió un panorama de aislamiento prolongado, encarcelamiento en celdas de máxima seguridad, incomunicación, restricciones a las visitas familiares e interrogatorios bajo amenazas. También denunció la privación de alimentos y luz, así como la negación de atención médica a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, afirmando que “Una celda sin luz, sin médico y sin visitas es un instrumento de tortura”.
Valle citó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, al que atribuyó la documentación de 161 casos de desaparición forzada desde 2018, con al menos ocho de ellos bajo custodia estatal. Según la activista, este grupo concluyó que tales prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad.
La dirigente reclamó al régimen nicaragüense que presente pruebas de vida de todas las personas desaparecidas bajo custodia estatal y que permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y de médicos independientes a los centros de detención. Además, solicitó la liberación plena e incondicional de los presos políticos y pidió al Congreso de Estados Unidos y a la comunidad internacional que vinculen cualquier acercamiento con el régimen de Ortega y Murillo a la aparición con vida de las personas cuyo paradero sigue sin conocerse.
El panel, denominado “Voces de libertad de las Américas”, reunió a representantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia. Valle destacó el respaldo de Díaz-Balart a los presos de conciencia de estos países y presentó materiales del World Liberty Congress para la asistencia y defensa de personas perseguidas por razones políticas. Tras la ceremonia, la activista se reunió con expresos políticos cubanos, según La Mesa Redonda.
Fuente: Infobae
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