California | El próximo 3 de noviembre, los votantes de California decidirán sobre la Proposición 40, una iniciativa que propone un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los residentes con fortunas superiores a USD 1.000 millones. Esta medida, que afectaría a aproximadamente 200 multimillonarios del estado, ha generado una fuerte división en el electorado y una disputa entre Silicon Valley y los sindicatos de trabajadores de la salud.
Una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley reveló que el 45% de los votantes probables apoya la propuesta, mientras que el 42% se opone y el 13% permanece indeciso. La ventaja del “Sí” se ha reducido de 19 puntos en marzo a solo tres en septiembre.
La Proposición 40, formalmente conocida como “2026 Billionaire Tax Act”, fue impulsada a fines de 2025 por el sindicato de trabajadores de salud SEIU United Healthcare Workers West, en respuesta a los recortes federales en salud. El texto fue diseñado por un grupo de académicos liderado por el economista Emmanuel Saez de la Universidad de California en Berkeley y formalizado en diciembre de 2025. El sindicato recolectó 1,6 millones de firmas, casi el doble de las requeridas, y la medida fue certificada en junio de 2026 para su inclusión en la boleta electoral.
El impuesto es de carácter único y grava el patrimonio neto superior a USD 1.000 millones de personas físicas residentes en California al 1 de enero de 2026. Esto significa que los contribuyentes afectados fueron determinados meses antes de la votación, un aspecto que opositores y analistas legales señalan como un posible flanco constitucional vulnerable. El gravamen abarca acciones, participaciones empresariales, instrumentos financieros y otros activos a nivel mundial, pero excluye bienes raíces de tenencia directa, pensiones calificadas y cuentas de retiro individuales. Los contribuyentes podrán abonar el impuesto en cinco cuotas anuales iguales, con un recargo del 7,5% sobre el saldo pendiente.
Los fondos recaudados se dividirían en dos cuentas: el 90% se destinaría a la Cuenta de Salud para compensar recortes federales y estatales a Medi-Cal, un programa que cubre a casi 15 millones de californianos de bajos ingresos. El 10% restante se asignaría a educación pública (desde jardín de infantes hasta el grado 14) y a programas de asistencia alimentaria como CalFresh.
Las estimaciones de recaudación varían significativamente. Los promotores proyectan unos USD 100.000 millones, descontando un 10% por evasión y elusión. La Oficina del Analista Legislativo de California, un organismo apartidista, prevé “decenas de miles de millones de dólares” repartidos en varios años. En contraste, un estudio de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford estima solo USD 30.000 millones en ingresos efectivos, considerando la posible migración de multimillonarios fuera del estado y los desafíos constitucionales. Esta investigación sugiere que la pérdida permanente de ingresos por impuesto a la renta de quienes se marchen superaría la recaudación del gravamen único, resultando en un valor presente neto negativo de USD 38.900 millones.
El gobernador demócrata Gavin Newsom y el candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra han expresado su rechazo a la Proposición 40. Newsom formalizó su postura el 9 de octubre al respaldar la Proposición 42, una contramedida diseñada para bloquearla, argumentando que la lucha para que los más ricos paguen más impuestos no debe librarse estado por estado, ya que la riqueza es móvil y busca estados con impuestos más bajos. Becerra, por su parte, calificó la propuesta como una mala política tributaria, al ser un impuesto único que no es predecible ni sostenible.
El caso de Mark Zuckerberg, con un patrimonio estimado en más de USD 220.000 millones, ilustra el impacto potencial del gravamen, con una obligación fiscal que rondaría los USD 11.000 millones. Según documentos regulatorios, Zuckerberg evaluó vender su residencia en Palo Alto y mudarse fuera del estado. Meta, su compañía, respondió creando una nueva clase de acciones sin derecho a voto, permitiéndole vender parte de ellas para cubrir el impuesto sin perder el control de la empresa, a cambio de su compromiso de permanecer en California por ocho años.
No todos los magnates tecnológicos se oponen a la medida. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, declaró que pagar el impuesto sería “un privilegio”. Sin embargo, Sergey Brin, cofundador de Google, ha destinado más de USD 100 millones a combatir la propuesta, la mayor donación individual a una campaña por una medida electoral en la historia de California.
La Proposición 40 enfrenta la competencia de otras dos iniciativas en la boleta. La Proposición 42 prohíbe nuevos impuestos retroactivos sobre ahorros y activos personales a partir del 1 de enero de 2026, lo que choca con el diseño del gravamen a multimillonarios. La Proposición 41, por su parte, exige auditorías independientes para impuestos especiales y bloquea aquellos que excedan los límites de gasto estatal. Según la Oficina del Analista Legislativo, si la Proposición 41 o la 42 obtienen más votos afirmativos que la 40, esta última podría quedar sin efecto legal, incluso si es aprobada por mayoría. El comité Building a Better California, cofundado por Brin, impulsó ambas iniciativas.
El debate sobre impuestos al patrimonio no es exclusivo de California. Suiza grava la riqueza en sus cantones con tasas de hasta el 0,7%, mientras que a nivel federal en Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren ha propuesto tasas del 2% y el 3% sobre grandes fortunas, y el senador Bernie Sanders un proyecto con una tasa del 5%. Darien Shanske, uno de los redactores de la propuesta californiana, ha enfatizado que se trata de un impuesto único para una emergencia única, y cualquier tributación adicional requeriría una nueva votación. Ningún estado de Estados Unidos ha cobrado jamás un impuesto sobre el patrimonio neto de sus residentes.
Fuente: Infobae
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