Guatemala | La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha admitido a trámite un amparo que obliga al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a presentar informes en un plazo de 48 horas sobre los hechos violentos ocurridos en Huité, Zacapa, y el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.
El amparo fue promovido por el abogado Erick Castillo, quien busca que el mandatario adopte medidas ante estos sucesos. La resolución de la CC solicita a las autoridades denunciadas que remitan la documentación disponible o un informe circunstanciado para decidir si procede otorgar un amparo provisional.
Castillo argumentó que el Gobierno no ha garantizado la seguridad ciudadana y que los casos de Huité y Solórzano Foppa evidencian, a su juicio, fallas en la política de seguridad y en la respuesta institucional. El abogado invocó la obligación constitucional del presidente de proveer la defensa y seguridad de la Nación, así como de preservar el orden público, según el artículo 183, inciso b, de la Constitución Política de Guatemala.
El abogado también solicitó la destitución del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, atribuyéndole responsabilidad por la movilización de personal militar en relación con los hechos de Huité. Cuestionó la intervención de militares en Huité y la falta de información sobre las medidas adoptadas por las autoridades tras los sucesos que dejaron ocho civiles fallecidos.
El presidente Arévalo, consultado el 27 de octubre sobre las investigaciones de Huité y el doble crimen donde fue asesinado Solórzano Foppa en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, evitó adelantar hipótesis o información. Afirmó que ambos expedientes se encuentran bajo reserva del Ministerio Público (MP) y que será esta entidad la que, en su momento, responderá a las preguntas. Arévalo añadió que el Ejecutivo no puede divulgar datos mientras el MP mantenga la reserva de las actuaciones.
El caso de Huité, ocurrido el 27 de septiembre en Zacapa, generó interrogantes por la muerte de varias personas, incluyendo una madre y sus dos hijas, y la presencia de miembros del Ejército en el área. El viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, confirmó ante diputados que personal militar se trasladó al municipio sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) tras información en redes sociales sobre posibles grupos armados. Lemus negó que fuera una operación militar y aseguró que los efectivos no ingresaron al lugar de los hechos, e informó que 107 integrantes de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa quedaron a disposición de las investigaciones.
El otro antecedente citado por Castillo es el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte. El abogado busca esclarecer si hubo omisiones en la respuesta de la PNC y exigir medidas de seguridad por parte del Ejecutivo. La Corte de Constitucionalidad evaluará los informes presentados por el presidente y el ministro de Gobernación antes de decidir sobre la protección provisional solicitada.
Fuente: Infobae
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