Guatemala | La bancada opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha presentado un antejuicio contra el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, acusándolo de incumplimiento de deberes ante el incremento de homicidios en el país.
La Corte Suprema de Justicia deberá determinar si retira la inmunidad a Córdova para que pueda ser investigado penalmente. José Inés Castillo, jefe de la bancada UNE, anunció la acción y criticó la gestión del procurador frente a la violencia, calificándolo de “ineficiente” por no proteger la vida.
El reclamo legislativo se fundamenta en datos de la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal, que registró 324 homicidios en agosto, convirtiéndolo en el mes más violento en siete años. En septiembre, se contabilizaron 260 casos.
La presentación del antejuicio se produjo después de que Córdova se excusara de asistir a una citación de la UNE para abordar el aumento de homicidios. A dicha reunión tampoco acudieron el ministro y viceministro de Gobernación, ni el director y subdirector de la Policía Nacional Civil, autoridades que el bloque buscaba fiscalizar en materia de seguridad ciudadana.
La solicitud ante la Corte Suprema de Justicia distingue entre hechos delictivos aislados y las operaciones de estructuras criminales organizadas, las cuales, según el planteamiento, pueden contar con coordinación, recursos, armas de fuego y capacidad para lograr impunidad. Se menciona el caso de Huité, en Zacapa, donde un grupo criminal causó la muerte de al menos ocho personas, incluyendo un menor de edad, utilizando armas de grueso calibre. El documento cita fuentes abiertas y declaraciones de funcionarios estatales sobre este ataque.
La querella argumenta que, si se confirma la actuación de una estructura armada coordinada, este episodio indicaría un riesgo para la población y revelaría capacidades operativas que requieren atención. También se reprocha al procurador no haber condenado públicamente lo ocurrido. La acusación contra Córdova se basa en que no habría promovido procesos legales contra los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana, quienes, según la presentación, no han mostrado eficacia para prevenir la repetición de tales hechos.
La acción invoca los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establecen la obligación del Estado de garantizar la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de sus habitantes, así como el derecho a la vida, integridad y seguridad de las personas. Además, se cita una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2017 que indica que el Estado debe crear las condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos constitucionales.
La UNE sostiene que el procurador no puede permanecer al margen de los ataques que amenazan la vida y la convivencia social, ni considerar inevitables los hechos violentos. La bancada afirma que la falta de acciones contra los encargados de seguridad impide que el Estado alcance el bien común.
Castillo descartó, por el momento, impulsar la remoción de Córdova del cargo, aunque señaló que la posibilidad sigue en análisis y recordó que el Congreso de la República tiene facultades para destituirlo. Indicó que, si la Comisión de Derechos Humanos no promueve una iniciativa, cualquier diputado puede presentar la solicitud ante el pleno. El Procurador es comisionado del Congreso, y la comisión ya había evaluado previamente la posibilidad de separar a Córdova Herrera, cuyo período se extiende hasta 2027.
La oficina del procurador ha asegurado a medios locales que Córdova ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y las de la Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Asimismo, indicó que, de recibir una notificación formal sobre el antejuicio, adoptará las medidas correspondientes. El funcionario no respondió a los señalamientos específicos de la UNE ni explicó su ausencia de la citación sobre seguridad.
Fuente: Infobae
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