Argentina | Roberto de Michele, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción y especialista en gobernanza, ha propuesto una serie de reformas institucionales para combatir la corrupción en el país. Sus declaraciones surgieron a raíz de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Raquel Graneros, intendenta de Graneros, Tucumán, un caso que, según De Michele, pone de manifiesto la necesidad de analizar la corrupción más allá de los episodios individuales.
De Michele, quien participó en el programa Infobae a la Tarde, rechazó la idea de que la corrupción sea un rasgo cultural argentino. En su lugar, argumentó que el comportamiento de las personas está influenciado por las instituciones, los incentivos y las consecuencias del incumplimiento de las normas. Citó el concepto de "anomia boba" del jurista Carlos Nino, que describe cómo la búsqueda de ventajas individuales a través del incumplimiento de reglas termina perjudicando a toda la sociedad cuando estas prácticas se generalizan.
El especialista identificó tres niveles de corrupción: la sistémica, donde el Estado es capturado por intereses particulares; la influencia de grupos para modificar leyes y regulaciones en su beneficio; y la "pequeña corrupción", que incluye sobornos para trámites o evitar sanciones. Subrayó que las respuestas deben ser específicas para cada modalidad.
En cuanto a la Oficina Anticorrupción, De Michele sugirió revisar sus competencias para asegurar su independencia del Poder Ejecutivo. Propuso que el organismo se enfoque en la regulación de conflictos de interés y el control de las declaraciones juradas de funcionarios del Ejecutivo, herramientas clave para detectar posibles interferencias de intereses privados en las responsabilidades públicas. No obstante, enfatizó que un buen diseño institucional debe ir acompañado de la capacidad de sus integrantes y la aplicación efectiva de las normas.
Para el ámbito municipal, De Michele destacó la importancia de la digitalización de trámites, la reducción de permisos físicos y la limitación de inspecciones presenciales no esenciales. Estas medidas buscan disminuir los contactos discrecionales entre funcionarios y ciudadanos, reduciendo así las oportunidades de soborno.
En el caso de los grandes contratos de infraestructura, el experto propuso mecanismos más complejos, inspirados en experiencias de países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. Estos incluyen agencias y estructuras técnicas especializadas para evaluar prioridades de inversión y necesidades de infraestructura, con el fin de establecer criterios técnicos que guíen las decisiones, independientemente de los cambios de gobierno. El objetivo es asegurar que los proyectos de gran magnitud respondan a necesidades concretas y no a intereses particulares.
De Michele también analizó la influencia de la situación económica en la percepción de la corrupción. Explicó que las dificultades materiales aumentan la sensibilidad moral de la población y reducen su tolerancia hacia estas prácticas. Sin embargo, advirtió que las consecuencias de la corrupción no siempre son inmediatas, lo que dificulta su combate. Para impulsar cambios duraderos, planteó la necesidad de articular a la sociedad civil, medios de comunicación, empresas interesadas en la transparencia y dirigentes políticos comprometidos con las reformas.
Fuente: Infobae
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